En el año 2024, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, envió al Congreso local una iniciativa de reforma de ley, con profundo acento social, al Código Civil, cuyo objetivo era que el ajuste anual al monto de la renta de vivienda de alquiler no sobrepasara el índice inflacionario. Si bien la figura del tope a los incrementos ya estaba prevista en el Código Civil al 10 por ciento, dicho tope representaba una desproporción con relación al encarecimiento, valor o costo cotidiano de vivir en la Ciudad, si consideramos que la inflación ha oscilado entre un 3 y 5 por ciento.
La reforma enviada por Martí Batres buscó limitar el incremento de la renta de viviendas en arrendamiento al porcentaje de la inflación. Al establecer un límite más acorde con la inflación, busca mitigar el impacto que los altos costos representan para las familias de más bajos ingresos, que destinan una porción muy significativa de sus ingresos a la renta de vivienda; en algunos casos, destinan más del 50% a este fin. Esta reforma es, además de importante, necesaria en el contexto actual del mercado de la vivienda en la Ciudad de México. El hecho de destinar la mayor parte del recurso o ingreso que se tiene a la renta implica, por un lado, afectar la calidad de vida de las personas que rentan y contribuye significativamente a la gentrificación y, eventualmente, al desplazamiento de comunidades originarias de áreas centrales, con todo lo que ello implica.
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó una impugnación contra dicha reforma y resolvió que la misma es constitucional. La reforma permite garantizar el derecho a la vivienda y a la Ciudad, de alguna forma aborda la importancia sobre la construcción de vivienda de interés social, que contemple a poblaciones vulnerables, tanto para que puedan comprar como para rentar, así como un amplio conjunto de medidas de desarrollo urbano, de carácter fiscal y hasta financiero o crediticio. El respaldo de la Suprema Corte de Justicia a esta reforma refuerza su legitimidad y la necesidad imperiosa de abordar la crisis de vivienda que afecta ya a muchas colonias en la Ciudad.
La regulación, contrario a la desinformación que han circulado los ya conocidos “haters” u odiadores de tiempo completo, sí permite a los arrendadores realizar ajustes en las rentas, pero de manera justa y sostenible, lo que ayuda a equilibrar los derechos y necesidades de ambas partes. Además, esta reforma se enmarca dentro de un esfuerzo más amplio por crear vivienda accesible y por implementar políticas urbanas y fiscales que no comprometan la dignidad del sustento y del hogar. La Ley de Renta de Vivienda representa un avance enorme para la Ciudad y la refrenda como una Ciudad con justicia social.