Hablar de reinserción social en México es hablar de esperanza y transformación, pero, desafortunadamente, también es hablar de un privilegio que muy pocas personas alcanzan. En un país donde más del 40% de las personas privadas de la libertad no cuentan con una sentencia y quienes obtienen su libertad enfrentan múltiples barreras económicas, sociales y familiares para volver a sus comunidades, ¿Realmente hay algo que podamos hacer para que estas personas puedan reintegrarse a la sociedad?
La respuesta a esta pregunta no es sencilla, pero tampoco es imposible. La reinserción social, como política pública, debe considerar múltiples factores: el tipo de delito, el perfil de la persona privada de la libertad, los factores de riesgo y de protección que enfrenta cada persona, y sobre todo, la desigualdad estructural que muchas veces precede al encarcelamiento. No es lo mismo diseñar estrategas de reinserción social para delitos de alto impacto como trata de personas, delincuencia organizada o feminicidio, que para mujeres privadas de la libertad por robar alimentos para sus hijos, defenderse de sus agresores o, incluso, para quienes son inocentes.
Además, existen diferencias clave entre hombres y mujeres en prisión. Las causas por las que llegan a prisión, así como las barreras que enfrentan durante y después de su encierro, están profundamente marcadas por el género. Las mujeres suelen ser privadas de la libertad por delitos relacionados con la pobreza, o delitos cometidos bajo coerción, por ser víctimas a su vez de violencia de género. Por otro lado, la gran mayoría enfrentan el abandono de sus familias y comunidades, quedando invisibilizadas en un sistema diseñado sin perspectiva de género.
Como Directora de La Cana, he visto de cerca cómo el sistema penitenciario mexicano falla en atender estas diferencias y en implementar estrategias de reinserción social adecuadas. En La Cana, desde hace 9 años nos hemos dedicado precisamente a crear programas de reinserción social diseñados específicamente para mujeres privadas y ex privadas de la libertad. Nuestro modelo integra cinco pilares fundamentales: (i) Independencia Económica, a través de la capacitación laboral, el empleo y el apoyo al emprendimiento; (ii) Apoyo psicosocial, con especial énfasis en la educación y prevención sobre violencia de género; (iii) Talleres educativos, artísticos, culturales y deportivos; (iv) Defensa de Derechos Humanos; e (v) Investigación e incidencia en políticas públicas.
Durante casi 10 años, hemos replicado este modelo en 6 estados de la República. El impacto ha sido importante: Tan solo en 2024 impactamos a más de 1,200 mujeres; capacitamos en distintos oficios a más de 890 mujeres, de las cuales el 66% encontró empleo. El 100% de ellas incrementaron sus ingresos, y el 62% apoyaron económicamente a sus familias. Atendimos a 791 mujeres en nuestro programa de Salud Mental, de las cuales el 65% redujeron sus niveles de ansiedad y fortalecieron su resiliencia para superar adversidades. Brindamos más de 2,800 asesorías jurídicas y logramos la libertad de 12 personas gracias a nuestro “Proyecto Libertad”; Publicamos el "Diagnóstico y Manual de Buenas Prácticas para la Industria Penitenciaria", suscrito por autoridades penitenciarias de más de 6 estados de la República. A través de nuestro programa Seguimiento en Libertad, atendimos a 77 mujeres, quienes el 94% de ellas se sienten más seguras y capaces para enfrentar los desafíos de la vida diaria, y el índice de reincidencia entre nuestras beneficiarias es de solo el 3%, muy por debajo del promedio nacional de 40-50%.
Estos logros no solo representan números; son vidas transformadas y una muestra de que cuando se brinda apoyo integral, las personas tienen la oportunidad de crear un proyecto de vida distinto, y poco a poco, hablar de reinserción social como una realidad viable.
Si bien modelos como el de La Cana han demostrado que la reinserción social es posible, este cambio no puede ocurrir únicamente desde las prisiones, y tampoco debe depender de los esfuerzos de unas cuantas organizaciones de la sociedad civil. Es indispensable que la sociedad en su conjunto asuma un rol activo. Esto implica:
- Diseñar políticas públicas que atiendan las causas estructurales del delito, como la pobreza, la violencia de género y la desigualdad.
- Implementar programas de reinserción diferenciados que consideren el género, el tipo de delito y el contexto de las personas privadas de la libertad.
- Fomentar la colaboración entre el sector público, privado y la sociedad civil para generar empleo digno y redes de apoyo para las personas en proceso de reinserción.
- Combatir el estigma a través de campañas que eduquen sobre el valor de la reinserción y la importancia de brindar segundas oportunidades.
La reinserción social no debe ser un privilegio, sino un derecho garantizado por el Estado y por la sociedad. No podemos ignorar que quienes están en prisión son, en muchos casos, víctimas de las mismas desigualdades estructurales que enfrenta el país en su conjunto. Darles una oportunidad de reinsertarse en la sociedad es, al mismo tiempo, dar una oportunidad para que nuestras comunidades sean más seguras, solidarias y justas.
La experiencia de La Cana nos demuestra que la reinserción no solo es posible, sino necesaria. Es un recordatorio de que cuando invertimos en las personas, transformamos vidas, familias y sociedades enteras.
