El pasado 13 de enero, el presidente López Obrador exhibió durante la conferencia de prensa matutina, los montos que fueron otorgados durante el gobierno de Felipe Calderón, a distintas empresas mediante contratos de adjudicación directa, para el mantenimiento de 8 Centros Penitenciarios Federales bajo el esquema de Asociaciones Público Privadas (APP).
Estos contratos, básicamente consistieron en otorgar a empresas como Grupo CARSO, GIA, Fondo Blackrock, PROCEDEX, entre otras, la prestación de servicios de limpieza, alimentación, lavandería, servicio médico, y demás relacionados con la administración y mantenimiento de los centros penitenciarios, excepto el de la seguridad, el cual dependería de las autoridades federales.
Lo anterior, en su momento se propuso como solución para terminar con las problemáticas de autogobierno, hacinamiento, corrupción, y violaciones a Derechos Humanos, que se viven en las cárceles. Sin embargo, al día de hoy, desafortunadamente las condiciones no han cambiado; Hoy celebro que, 9 años después, por fin se transparente la información sobre dichos contratos, así como el abuso y la posible corrupción que ha prevalecido en la administración de esos penales.
No obstante, considero que la información -tal y cómo se planteó en la conferencia mañanera- es engañosa, pues no debemos centrarnos únicamente en cuánto dinero se ha gastado, si no en qué se ha gastado.
Supongamos por un momento que efectivamente la intención de la crear las APP fue el contribuir a la mejora del sistema penitenciario, y no el hacer de las cárceles del país un negocio (bastante jugoso, por cierto). En este sentido, diversas Organizaciones de la Sociedad Civil, activistas, y académicos, hemos advertido en innumerables ocasiones, que estos esquemas no han funcionado para resolver las problemáticas antes mencionadas. Bajo el esquema de las APP, las violaciones a Derechos Humanos han continuado, se han registrado diversos casos de atención médica deficiente, de alimentación insuficiente y de mala calidad para los internos e internas, falta de agua potable, luz, entre otras, en aras de salvaguardar los costos de operación.
Lo anterior, sin tomar en cuenta que dichos centros penitenciarios carecen de actividades productivas y de reinserción social, y que están construidos en ubicaciones marginadas que hacen prácticamente imposible que las personas privadas de la libertad reciban visitas de sus familiares. En este aspecto, me atrevo a afirmar que los APP no han contribuido a lograr el objetivo constitucional del sistema penitenciario de lograr la reinserción social de las personas privadas de la libertad, y procurar que no vuelvan a delinquir.
Ahora bien, el Presidente mencionó escandalizado, que las personas privadas de la libertad en estos penales federales, cuestan hasta 192 mil pesos al mes, ¿es realmente un costo alarmante? depende.
Creo que el primer error está en ver estos números como un gasto, y no como una inversión. Insisto, el tema no es cuánto dinero se ha gastado en el sistema penitenciario, si no cómo y en qué se ha gastado. Si lo vemos como una inversión, estaríamos obligados a analizar también cuál ha sido su retorno, qué se ha logrado con la misma, y qué hemos obtenido a cambio como contribuyentes.
Personalmente, no me importaría que se invirtieran cantidades millonarias en el sistema penitenciario, si esto realmente contribuyera a reducir la reincidencia y delincuencia en el país. Sin embargo, la realidad no es así. En México, los índices de reincidencia alcanzan hasta el 60%, las cárceles funcionan como centros de operación del crimen organizado, y para hacer el cuento corto, las personas en prisión salen peor de cuando entraron.
Así, los montos señalados por el Presidente durante la mañanera, son, efectivamente, un gasto exorbitante; pues de nada sirve “invertir” millones de pesos al año, en cárceles que, lejos de cumplir con su objetivo de reinsertar a las personas a la sociedad, son conocidas como universidades del crimen.
Las APP, bajo un esquema de absoluta transparencia, colaboración, y respeto a los Derechos Humanos, pudieran ser una buena estrategia conjunta para la mejora del sistema penitenciario. Se podría mejorar la infraestructura de las cárceles y prestar mejores servicios donde el Estado se ha visto limitado. Sin que esto implique por ningún motivo que algunos cuantos empresarios obtengan -en la opacidad, disfrazada de salvaguarda por motivos de seguridad nacional- un lucro excesivo con el encarcelamiento de las personas.
¿Cuánto cuestan las cárceles? Lo que tengan que costar. Siempre y cuando esta inversión se vea reflejada en el respeto a los Derechos Humanos de las personas, en la mejora de la calidad de vida de los mexicanos, y en la construcción de una sociedad más segura y en paz.
