Hace unos días, la Presidenta de México presentó en el Senado una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Dentro de las múltiples propuestas que contiene, hay un hecho que llama especialmente la atención: por primera vez, se menciona de manera expresa la inteligencia artificial en este marco normativo.
La iniciativa contempla que la inteligencia artificial sea considerada en el apartado de infracciones administrativas, lo que abre la posibilidad de sancionar conductas en las que esta tecnología se use de manera indebida para vulnerar derechos de propiedad industrial. Dicho de otra manera, si se utiliza un sistema de IA para falsificar marcas, manipular invenciones registradas o aprovechar indebidamente información confidencial, habrá consecuencias jurídicas claras. Puede parecer un detalle técnico, pero en realidad representa mucho más: es un mensaje de que México empieza a reconocer a la inteligencia artificial como parte de su ecosistema de innovación y, por lo tanto, como una realidad que debe ser regulada.
La propia iniciativa explica el razonamiento de esta inclusión. La capacidad de la inteligencia artificial para generar contenido, diseñar productos, replicar marcas y automatizar procesos de toma de decisiones ha traído beneficios significativos, pero también nuevos desafíos en materia de propiedad industrial. Entre ellos se encuentran la creación de contenido engañoso, la reproducción no autorizada de marcas, diseños industriales, esquemas de trazado y secretos industriales; la manipulación de evidencia comercial, como certificaciones o patentes falsificadas; la generación de publicidad engañosa; y el aprovechamiento indebido de secretos industriales para entrenar modelos de inteligencia artificial con fines comerciales desleales. Por eso se estima necesaria la inclusión de una disposición que expresamente refiera que el uso de la IA para cometer alguna de las infracciones previstas en la Ley también será sancionado.
El hecho de que la iniciativa provenga directamente de la Presidenta de la República le otorga un peso especial. No es un esfuerzo aislado de una comisión legislativa ni una propuesta académica, sino una declaración política de que el país quiere estar a la altura de los retos que plantea la tecnología. Ese gesto, en sí mismo, merece reconocimiento.
Además, la mención a la inteligencia artificial en esta iniciativa no surge en el vacío. En otras áreas del Estado ya se han dado pasos en la misma dirección. El Poder Judicial, por ejemplo, ha explorado el uso de sistemas de IA para determinar la cuantía de garantías. Puede sonar técnico, pero habla de confianza en estas herramientas incluso en materias donde la certeza y la objetividad son fundamentales. Sumado a lo que ahora sucede con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, queda claro que la inteligencia artificial ya no es un tema de ciencia ficción ni una curiosidad académica: es una herramienta que empieza a tener un lugar formal en la vida institucional del país.
El impacto de este tipo de decisiones va más allá de lo jurídico. Incorporar la IA en la legislación envía una señal de modernización. Significa reconocer que la innovación tecnológica no puede seguir avanzando sin acompañamiento legal. En la Unión Europea, el AI Act ya es una realidad; en Estados Unidos, aunque no hay una ley federal única, existen lineamientos y debates sobre cómo encauzar la tecnología; y en América Latina, varios países ya discuten proyectos similares. México, con esta iniciativa, empieza a formar parte de esa conversación global.
Por supuesto, el camino apenas comienza. La iniciativa deberá discutirse en comisiones, recibir observaciones y, probablemente, realizar ajustes. También abrirá debates más profundos que, tarde o temprano, tendremos que abordar: ¿qué pasa con las invenciones creadas con inteligencia artificial? ¿Quién es responsable de los resultados de un algoritmo? ¿Cómo se protegen los secretos industriales frente a sistemas automatizados capaces de procesar información a una velocidad nunca antes vista? Estas son preguntas que aún no tienen respuesta definitiva, pero que sin duda estarán en la mesa más temprano que tarde.
Como abogado especializado en propiedad industrial, no puedo dejar de aplaudir este primer paso. Sé que aún falta mucho camino por recorrer, pero también sé que cada vez que la inteligencia artificial se nombra en una norma, dejamos de verla como un asunto distante y la integramos a nuestra realidad jurídica. Esa es la verdadera trascendencia de esta iniciativa: no solo prevenir abusos, sino reconocer que la inteligencia artificial ya forma parte de la conversación nacional sobre innovación, competitividad y desarrollo económico.
La inteligencia artificial empieza a escribirse en nuestras leyes. Y aunque todavía queda mucho por construir, esta “primera llamada” es suficiente para entender que el futuro ya no es mañana: está aquí, y México ha decidido comenzar a legislarlo.
Experto en IA de Santamarina y Steta
