El narcomenudeo dejó de ser un asunto “menor” de seguridad pública. Hoy es un ecosistema depredador que captura, usa y, a la postre, desecha a nuestras juventudes, alimentando la espiral de homicidios y daños a la salud. Urge revisar la estrategia: la disputa por mercados locales de droga es el corazón de la violencia en el espacio público
PARTE I
El fenómeno del narcomenudeo en México ha trascendido la esfera de la simple seguridad pública para convertirse en uno de los principales catalizadores de la violencia letal que devasta nuestro tejido social. Representa un ecosistema depredador que tiene como objetivo, recluta y, en última instancia, elimina a nuestras juventudes. Lejos de ser considerado un delito de bajo impacto, la disputa por los mercados locales de droga es el motor de una crisis de seguridad y salud pública que exige una profunda reevaluación estratégica. Declaraciones oficiales, como aquellas que atribuyen hasta el 70% de los homicidios en estados como Guanajuato a estos conflictos, confirman que no enfrentamos un problema menor, sino el corazón mismo de la violencia en el espacio público.
Para entender el estancamiento actual, es necesario mirar atrás. Antes de 2009, el marco legal era centralizado: la federación buscaba perseguir todos los delitos relacionados con drogas, saturando sus instituciones con casos menores y desviando recursos de investigaciones a grandes organizaciones criminales. Esto llevó a la criminalización de consumidores y vendedores de bajo nivel, sin afectar a las estructuras principales del narcotráfico.
La reforma del 20 de agosto de 2009 buscó ordenar este caos, descentralizando la persecución del narcomenudeo hacia las autoridades estatales y creando el concepto de "competencia concurrente". Además, despenalizó la posesión para consumo personal bajo ciertos límites y ordenó el desarrollo de programas de prevención y tratamiento de adicciones.
Aunque la reforma delegó a los estados la persecución del narcomenudeo y les dio un mandato en salud, no asignó fondos federales para infraestructura, lo que provocó que se priorizara la inversión en fiscalías y policías, dejando de lado la atención sanitaria. Además, la entrada del nuevo sistema penal acusatorio complicó aún más el panorama, al exigir estándares procesales más altos para los que muchas instituciones locales no estaban listas, lo que generó fallos y dificultades en la judicialización de los casos.
Los resultados operativos son elocuentes. Las investigaciones estatales por narcomenudeo se han más que duplicado en la última década (pasando de una tasa de 29.8 en 2015 a 75.8 en 2024 por cada 100,000 habitantes), reflejando la inmensa presión sobre las fiscalías. Pero no es solo una carga estadística; es una tragedia
humana. Si bien la ENCODAT 2016 ya demostraba una duplicación del consumo en adolescentes, existe una profunda preocupación de que los datos de la ENCODAT 2025, próximos a liberarse, revelen la alarmante penetración del fentanilo y la verdadera gravedad del problema. Trágicamente, los datos de mortalidad (INEGI) confirman que este mismo grupo demográfico —hombres jóvenes de 15 a 29 años— constituye la abrumadora mayoría de las víctimas de homicidio. La desproporción de género, a veces de 10 a 1, apunta directamente a su participación en estas disputas violentas.
Continuará en la Parte II