En un hecho histórico para la vida institucional del país, los nuevos jueces y magistrados federales, electos por voto ciudadano, están por iniciar funciones. Este cambio marca un paso decisivo hacia una justicia más cercana a la sociedad, al otorgar legitimidad de origen a quienes tendrán la enorme responsabilidad de impartirla. El reto ahora es convertir esa legitimidad inicial en legitimidad de resultados, con resoluciones firmes, imparciales y fundamentadas en pruebas sólidas.
La ciudadanía no demanda discursos grandilocuentes, sino tribunales eficaces, capaces de investigar, procesar y sentenciar con estricto apego al debido proceso. Para ello, el Gobierno Federal ha subrayado la importancia de contar con sistemas modernos de gestión de casos, expedientes blindados frente a la intimidación criminal y procesos judiciales que resistan el más alto escrutinio. Sin estas bases, cualquier reforma queda atrapada en la retórica. Por ello, la política pública apuesta por fortalecer las capacidades técnicas y humanas del sistema de justicia.
El verdadero desafío para la soberanía nacional no radica en la cooperación internacional, sino en garantizar que México sea capaz de juzgar en casa a quienes delinquen en su territorio. Si bien la extradición es un recurso legítimo, su uso recurrente refleja debilidades el enjuiciamiento y en el régimen penitenciario. De ahí que el objetivo trazado sea claro: pasar de la dependencia en traslados internacionales a la consolidación de juicios ejemplares en tribunales mexicanos.
En este camino, el Gobierno ha impulsado acciones concretas. Recientes revelaciones sobre la operación criminal desde las cárceles refuerzan la necesidad de fortalecer el sistema penitenciario, con medidas como inhibidores de señal, rotación de mandos, auditorías patrimoniales y protocolos de seguridad permanentes. Del mismo modo, la cooperación con agencias internacionales, incluida la asistencia tecnológica, es bienvenida siempre que se traduzca en pruebas procesales válidas bajo la conducción del Ministerio Público y con estricto respeto a la cadena de custodia.
El plan de acción institucional debe contemplar la consolidación de unidades de litigio transfronterizo, integradas por ministerios públicos, policías de investigación y peritos expertos en evidencia digital y técnicas especiales. Además, se busca habilitar juzgados especializados en delincuencia organizada y finanzas criminales, con equipos periciales ad hoc y mecanismos de protección integral al personal jurisdiccional.
La relación bilateral también se fortalece a través de protocolos binacionales de cadena de custodia y almacenamiento forense, así como con programas de capacitación conjunta. De esta manera, la cooperación internacional deja de ser dependencia y se convierte en una herramienta para reforzar la soberanía jurídica del país.
Lo alentador de estas medidas es que todas confluyen en un objetivo contundente: que las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público se conviertan en pruebas sólidas para ser presentadas ante tribunales mexicanos. El liderazgo del Estado se refleja en instituciones que funcionan, y la sociedad acompaña con legalidad y compromiso cívico. Juzgar en casa a quienes atentan contra México es un acto de soberanía que fortalece al país y marca el inicio de una justicia cotidiana, confiable y al servicio de la ciudadanía.