La recién adquirida facultad de la Guardia Nacional (GN) para investigar delitos, bajo la supervisión del Ministerio Público (MP), tiene como objetivo combatir el crimen organizado que ha profundizado su influencia en las instituciones del país. Esta medida ofrece significativas oportunidades de avance en la lucha contra el crimen, siempre y cuando se gestionen adecuadamente los riesgos inherentes.
El principal beneficio de esta facultad radica en la capacidad de la GN para movilizar rápidamente sus recursos y brindar una respuesta eficaz ante delitos graves. No obstante, este poder también presenta desafíos. El COT requiere habilidades investigativas especializadas, como la contabilidad forense y el seguimiento de flujos financieros, áreas donde la GN podría carecer de formación suficiente. Esto aumenta el riesgo de que la recopilación de pruebas se realice de manera incorrecta, lo que podría resultar en su inadmisibilidad en los tribunales y, en última instancia, en una mayor impunidad.
Otro riesgo importante está relacionado con la reforma judicial que permite la elección popular de jueces, muchos de los cuales carecerán de la formación necesaria para procesar delitos complejos. El sistema penal acusatorio exige jueces capacitados que comprendan las normas procesales y los principios del debido proceso. La inexperiencia de los jueces podría comprometer la eficacia del sistema de justicia, aumentando la posibilidad de que criminales peligrosos sean liberados.
La delimitación de competencias entre la GN y el MP es otro aspecto crítico. Mientras que la policía actúa bajo la supervisión del MP, éste último es el que dirige y toma las decisiones finales en la investigación. La investigación policial se centra más en la recolección de evidencia y la acción inmediata ante el delito. En contraste, la investigación ministerial está más orientada al análisis legal de la evidencia y la construcción del caso ante el sistema judicial. La policía es responsable de las diligencias iniciales y la protección de la escena del crimen, mientras que el MP es responsable de que el proceso judicial se desarrolle conforme a la ley y con base en pruebas legítimas.
En investigaciones contra la DO, el uso de técnicas especiales de investigación, como la interceptación de comunicaciones, debe realizarse conforme a la ley y sin abuso, para evitar que se vulneren derechos fundamentales. El verdadero riesgo radica en que, si no se llevan a cabo correctamente las investigaciones ni los jueces son capaces de evaluar adecuadamente las pruebas, México podría caer en una espiral de impunidad aún mayor. El COT, adaptado y siempre en evolución, explotará cualquier debilidad del sistema judicial.
En el pasado, ya se ha tenido experiencia exitosa en la colaboración de las FA en la investigación y persecución de delitos relacionados con la DO, logrando resultados positivos. Esta colaboración institucional siempre se llevó a cabo bajo la absoluta coordinación del MP especializado y el Ejército, garantizando que los miembros de las FA involucrados en las investigaciones recibieran la capacitación adecuada. Los resultados fueron notables, y gracias a esta estrecha coordinación y preparación, muy pocos delincuentes lograron ser liberados y hubo pocas quejas de violación a DH, consolidándose así un esquema eficiente y respetuoso de la legalidad.