La reciente discusión sobre la disolución de poderes en México, específicamente en Guerrero y Guanajuato, ha revelado una serie de retos políticos y de seguridad que ponen a prueba la estructura del federalismo y la distribución de poder en el país. Estas propuestas, surgidas de distintas facciones políticas, no solo muestran las tensiones internas existentes sino también una preocupación profunda por la gobernabilidad y seguridad de estos Estados.
En el caso de Guerrero, la propuesta por parte del Grupo Parlamentario del PAN se fundamenta en la percepción de una ineficacia estatal para garantizar la seguridad, la justicia y los derechos humanos. Esta postura se apoya en la fracción V del artículo 76 de la Constitución y su Ley Reglamentaria, argumentando la necesidad de una medida extraordinaria ante una situación excepcional. En Guanajuato, la violencia y la percepción de una abdicación de responsabilidades gubernamentales han llevado a la senadora por Guanajuato a proponer también la disolución de poderes. La situación en el Estado añade una capa de complejidad al debate, ya que interseca delicadamente con temas de seguridad y política.
Estos casos ilustran las complejidades del sistema federal mexicano, donde la figura de la desaparición de poderes se erige como un mecanismo constitucional de último recurso para situaciones de crisis extrema. El proceso para su aplicación es riguroso, comenzando con una evaluación detallada por parte del Senado basada en evidencias y razonamientos jurídicos sólidos. Si se decide proceder, se nombra un gobernador provisional encargado de restaurar el orden constitucional y convocar a nuevas elecciones.
Es crucial que el uso de este mecanismo se realice con la máxima transparencia y siempre bajo el escrutinio de la legalidad. Sin embargo, la politización de la lucha contra el crimen organizado y el uso partidista de los mecanismos constitucionales pueden amenazar la cohesión y estabilidad del Estado, haciendo imprescindible una colaboración genuina entre legisladores para enfrentar los desafíos de violencia y criminalidad.
La experiencia de Italia en la disolución de los Consejos Municipales o Provinciales ofrece un contrapunto instructivo para México. Con un enfoque estructurado, transparente y legalista, Italia maneja estas situaciones con un procedimiento que garantiza la objetividad y la equidad, protegiendo al mismo tiempo el orden
democrático y combatiendo la influencia criminal. El proceso italiano inicia con una evaluación preliminar seguida de una investigación que culmina con la decisión de disolver el órgano local y establecer una administración temporal hasta la convocatoria de nuevas elecciones. Durante el procedimiento se cuenta con la tutela Judicial para preservar el orden constitucional y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Para adaptar un modelo similar, sería necesario considerar las particularidades del contexto nacional, incluyendo la estructura constitucional y legal, así como las dinámicas políticas y de seguridad. La discusión sobre la disolución de poderes en México, en contraste con el modelo italiano, subraya la importancia de encontrar soluciones equilibradas que respeten los marcos legal y constitucional, al tiempo que se enfrentan efectivamente los desafíos de gobernabilidad y seguridad en un entorno político complejo.
