El crimen organizado representa una amenaza enorme para la seguridad nacional y la estabilidad social de México, que el próximo gobierno tendrá que combatir con determinación. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha planteado medidas enfocadas en la prevención, la investigación, el equipamiento, la capacitación y la coordinación de las policías y fiscalías. No obstante, estas medidas, aunque necesarias, no son suficientes para contrarrestar la magnitud y la sofisticación de la criminalidad organizada transnacional (COT), que opera a una escala mucho mayor que la delincuencia común y la somete con violencia.
La seguridad pública (SP) es una función esencial del Estado, encargada de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como de preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Este ámbito abarca actividades de prevención, persecución y sanción de delitos, y busca mantener la tranquilidad en las comunidades. En contraste, la delincuencia organizada presenta un desafío mucho más complejo, afectando la soberanía y las finanzas públicas a través de actividades como el lavado de dinero, la intrusión en la economía formal y el narcotráfico. La violencia extrema que azota México es alimentada en gran medida por la COT. La disputa territorial entre cárteles, la extorsión y el narcomenudeo generan un clima de inseguridad que afecta tanto a las comunidades locales como al Estado en su conjunto. Para mejorar la SP, es imprescindible abordar primero el problema de la COT.
Hay que diferenciar entre la SP y la delincuencia organizada, pues requieren enfoques distintos. La SP es principalmente responsabilidad de autoridades locales y se basa en mantener el orden y la paz mediante la policía preventiva, jueces y otros mecanismos tradicionales de justicia. La lucha contra la delincuencia organizada es básicamente responsabilidad Federal, y necesita un enfoque integral, muy técnico y coordinado. Esto puede implicar medidas excepcionales bajo la supervisión judicial, respetando siempre los derechos fundamentales.
El régimen contra la delincuencia organizada debe permitir al Estado tomar medidas excepcionales contra estos grupos, siempre bajo la autorización de un juez federal. Al mismo tiempo, la SP debe continuar gestionándose dentro del marco del derecho penal democrático, sin confundirla con la lucha contra la delincuencia organizada. Es esencial evitar la erosión de los derechos fundamentales y las garantías individuales.
La propuesta busca un balance entre medidas extraordinarias y la defensa de los derechos fundamentales, respondiendo a las nuevas realidades del COT en el marco de la globalización. Esta estrategia integral y coordinada es esencial para recuperar la seguridad y la paz en México, favoreciendo que las instituciones operen normalmente y que los ciudadanos gocen de sus derechos y libertades en un clima de paz y respeto mutuo.
Una de las primeras tareas del próximo gobierno debe ser expresar su compromiso y su voluntad política de enfrentar al COT. Esta declaración debe ir acompañada de un llamado a todos los niveles de gobierno, sectores productivos y a la sociedad en general, para una gran cruzada contra la criminalidad. Es esencial procesar penalmente a los criminales y recuperar la paz y seguridad para todos los mexicanos.
