Los mexicanos tenemos el derecho fundamental a la identidad y el Estado tiene la obligación básica de identificarnos. Nuestro derecho a la identidad se ha materializado medianamente el INE y el Estado ha fallado en identificarnos. La identidad que nos da el INE es opcional, después de la mayoría de edad, a un costo muy alto y no permite el aprovechamiento de su información para que el Estado cumpla con sus funciones. Los problemas de seguridad pública, corrupción, impunidad, DO, salud pública y asistencia social, se deben en gran parte a que el Estado mexicano no puede identificar ni ubicar a su población y carece de los registros correspondientes.
En el 2020 se aprobó por la Cámara de Diputados la minuta de la Ley General de Población, que abroga la de 1974 y prevé una cédula de identidad digital, propone crear una gran base de datos nacional; actualmente está pendiente su discusión por el Senado. La cédula será un medio confiable de identificación desde el nacimiento y hasta la muerte. La confiabilidad de la cédula deberá ser total y su creación requiere del concierto de los tres niveles de gobierno.
Todo el proceso de investigación, persecución y enjuiciamiento criminal se complica por la falta de identificación de los imputados. La prisión preventiva debe estar justificada con la finalidad de asegurar la presencia del imputado en el proceso penal; pero al no contar con información suficiente, ni con controles, los jueces no pueden hacer efectivo el principio de presunción de inocencia. Es un hecho, que la falta de información sobre los acusados limita el otorgamiento de medidas cautelares de localizadores electrónicos o el resguardo domiciliario menos lesivas y aun menor costo. La cantidad de ordenes de aprehensión sin cumplimentar a nivel nacional por no localizar al imputado es preocupante.
Los registros que contienen información personal de la población siempre han sido materia de controversia, por eso se han creado diversos registros que recogen datos sensibles e inclusive confidenciales, con objetivos específicos en materia electoral, fiscal, policial o de asistencia social. Esa multiplicidad de bases de datos con contenidos muy similares, implica duplicidad de costos y esfuerzos, además de la segmentación que impide su completo aprovechamiento.
El proyecto de ley mencionado constituiría un avance sustancial. Se debe impulsar una gran base de datos nacional, con aplicaciones especiales para cada institución que lo requiera. El robo de identidad es una asignatura pendiente en nuestro país.
Mientras se carezca de registros confiables y bases de datos biométricos, ADN, voz, domicilio, vehículos, ocupación, etcétera, de nuestra población, las policías y fiscalías del País no podrán efectuar ninguna investigación criminal efectiva, la DO seguirá creciendo y la impunidad se mantendrá por arriba del noventa y cinco por ciento. El INE cumple con la ley al no entregar al gobierno las bases de datos, pero no debe ser este organismo el que expida la cédula de identidad ni que tenga a su cargo la única base de datos confiable.
Las instituciones solo deben ser garantes del uso y resguardo de la información contenida en los registros. No son dueñas de estos. Los ciudadanos son los únicos propietarios de su información. Corresponde, por ende, a nosotros como mexicanos darles el destino más conveniente.
