Hemos presenciado un incremento de la violencia en algunas regiones de nuestro país, destacan: los cuerpos desmembrados y congelados en Veracruz; los asesinatos contra productores limoneros en Michoacán; los ataques con drones armados que ya suman más de seiscientos; los homicidios de dos altos funcionarios estatales y federales en Guerrero, así como de policías, cuerpos desmembrados y narcomantas en muchos lugares del País.
Al referirse a la seguridad, la SCJN la clasificó en tres niveles; pública, interior y nacional. Estratificación que responde a la gradualidad de la afectación y al bien jurídico que se tutela. La seguridad nacional se define en la ley, como las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, precisando dentro de ellas la preservación de la democracia fundada en el desarrollo del país y sus habitantes.
Los actos de terror mencionados anteriormente representan la expresión más evidente de la grave situación que padecen algunas comunidades. La falta de respeto a la ley, suplida por la violencia y la imposición de la DO (delincuencia organizada) hacen de este fenómeno una amenaza a la seguridad nacional, lo que obliga al Estado a actuar decididamente.
Se reconoce el esfuerzo para tipificar el uso de drones en ataques contra la población y las autoridades, pero en nada ayudará el engrosar el catálogo de buenos propósitos que es nuestra legislación penal. Lo que se impone, es modificar nuestra Constitución para otorgar un marco normativo efectivo que reglamente la intervención de la Fuerza Armada Permanente. El término de “guerra” empleado hace más de una década para referirse a la lucha del Estado contra la DO fue equivocado, pero no la encomienda a las FA, lo cierto es que no existía, ni existe institución civil capaz de afrontar esa amenaza.
Para que nuestras FA cumplan con su misión, debemos dejar atrás como sociedad, prejuicios y predisposiciones negativas, en muchos casos propiciadas intencionalmente por los criminales. Nuestros militares no violan sistemáticamente derechos humanos, no agreden a la población, ni todos son corruptos o están coludidos con el narcotráfico. Si bien se han presentado algunos excesos y desvíos, la misma institución los ha sancionado. El debate sobre el mando civil para la Guardia Nacional es irrelevante; la prioridad debe ser proteger a la población y responder al desafío que la DO está lanzando al Estado. El mando de las fuerzas públicas civiles es facultad estatal, pero hasta ahora, muchas policías han sido corrompidas y penetradas y el resto son ampliamente superadas por los recursos, armamento y tácticas de los criminales.
Los cárteles se han transformado en verdaderas empresas criminales transnacionales. Ya no se dedican exclusivamente a transportar droga a los EUA, ahora maximizan su vocación criminal, buscando el lucro desmedido mediante el sometimiento de la población y el control de su actividad económica; pretenden dominar los territorios y obtener el control político. Esa es la explicación de sus estrategias de terror.
Los mensajes intimidatorios no son entre bandas criminales, están dirigidos a los ciudadanos y a las autoridades. No debemos abandonar la persecución jurídica de los delincuentes, esa es la solución, pero en primer término el Estado debe proteger a su población y conjurar la amenaza a su estabilidad.
