La iniciativa aprobada por el Senado a la Ley del Banco de México (LBM) señala que su objetivo general es apoyar a los mexicanos que han migrado a los EUA, a sus familias, y a las víctimas, brindando una solución al problema del destino de dólares en efectivo que se captan a través del sistema bancario. Esa medida ayudaría a los bancos y no a los migrantes y a las familias mexicanas.
Actualmente la LBM dispone que las divisas son los billetes y las monedas metálicas extranjeros, depósitos bancarios, títulos de crédito, los medios de pago internacionales, entre otros. Con la reforma se pretende que, los billetes y las monedas metálicas extranjeros captadas por bancos mexicanos que no puedan ser repatriados a su país de origen, sean adquiridos de manera obligatoria por el BM para que formen parte de la reserva de activos internacionales. Con esto se genera un serio problema para nuestro banco central porque se trata de divisas que incumplen con las restricciones del GAFI, por lo que imponer al Banco Central la obligación de adquirir esas divisas atentaría contra su soberanía Constitucional. Contrario a las funciones internacionales que les corresponden a los Bancos Centrales, el BM, tendría la problemática de la banca de primer piso.
La reserva tiene como objetivo coadyuvar a la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, la cual se conforma con las divisas y el oro propiedad del BM libre de gravamenes y restricciones; sin embargo la iniciativa señala que la problemática a resolver obedece a las restricciones y los controles internacionales en materia de lavado de dinero, que genera un embudo financiero e impide a las instituciones financieras nacionales vender legalmente sus dólares excedentes a los bancos norteamericanos. Con esa reforma se pretende incumplir con obligaciones internacionales adquiridas por nuestro País, y subsidiar la deficiente operación de algunas instituciones financieras mexicanas.
El BM actúa como un organismo regulador que le corresponde crear el marco jurídico, la formulación de políticas de promoción, regulación y supervisión, así como su interpretación, lo que puede aprovecharse para generar políticas públicas encaminadas a ayudar a nuestros paisanos y a la banca comercial en beneficio común.
Sería conveniente que, antes de tomar una medida legislativa como la que está en trámite ante las Cámaras, plantear a las autoridades y a la banca americana un acuerdo para que los compromisos de identificación y alta gerencia se cumplan de manera recíproca sin afectar la situación laboral de los migrantes mexicanos, garantizando al máximo los casos de repatriación de divisas hacia los Estados Unidos, lo que es posible si se acepta que las remesas enviadas desde aquél país, no tienen un orígen ilícito porque se trata del producto del trabajo de nuestros paisanos.
Solamente el uno por ciento del total de las remesas recibidas en México es en efectivo, el resto es remitido mediante instituciones norteamericanas; es necesario aceptar el problema y buscar soluciones para que no se confundan con los recursos de la delincuencia organizada, reforzando las medidas de identificación del cliente para conocer e identificar a las personas en cuanto a su perfil para utilizarlo por las autoridades de ambos países.
