En materia de seguridad pública y delincuencia, en el año que recién termina se conocieron algunos datos inquietantes. Al ser este que comienza un año electoral, las candidatas y sus equipos están obligados a elaborar y presentar un gran proyecto para buscar la paz y responder a las inquietudes de la sociedad. Esperamos que sean concientes de que el verdadero problema es el Crimen Organizado Transnacional.
En la ENSU 2023, a nivel nacional en diciembre de 2022, el 62.1% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Por su parte, en la “ENVIPE 2023”, se arribó a la conclusión de que la percepción nacional sobre la inseguridad era de un 74.6%, y el número de víctimas alcanzado fue de 21.1 millones por la comisión de 26.8 millones de delitos.
En 2022, México experimentó un récord en la tasa de DO con 167 delitos por cada 100,000 habitantes, impulsado principalmente por aumentos en extorsiones y narcomenudeo, y un ligero incremento en secuestros y trata de personas. Simultáneamente, delitos mayores como violaciones federales de tráfico de drogas disminuyeron un 15.3%. La DO también ha sido un factor determinante en el aumento de homicidios y violencia con armas de fuego, con hasta el 80% de los homicidios relacionados con estas actividades, un alza significativa desde 2015.
El incremento de la violencia criminal en México ha llevado a que los grupos delincuenciales se enfoquen en los niveles locales del gobierno, variando su intensidad entre los 2500 municipios del país. Algunas localidades permanecen pacíficas, mientras que otras enfrentan violentos conflictos por el control de las alcaldías municipales. Esto ha resultado en numerosas víctimas entre funcionarios locales, erosionando la confianza de la sociedad en los gobiernos locales, percibidos como focos de corrupción. Las autoridades municipales, incapaces de resistir la influencia criminal, han sufrido asesinatos y se han visto implicadas en complicidades con grupos delictivos. Desde 2018, han sido asesinados 65 alcaldes, y es predecible que la violencia continúe en las próximas elecciones.
Estamos ante un problema real de DO que ya afecta a la seguridad ciudadana y a la seguridad pública. La primera se centra en el bienestar y protección de derechos de las personas, mientras que la segunda se relaciona con la prevención y represión del delito por el Estado.
La DO, erosiona la seguridad pública, debilitando las estructuras estatales y comprometiendo la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y el orden. Paralelamente, la seguridad ciudadana se ve amenazada por el miedo y la inseguridad generados, afectando la calidad de vida y los derechos individuales.
Además, el efecto de la DO en la economía es igualmente preocupante. La manipulación de mercados y la creación de economías paralelas no solo distorsionan el desarrollo económico, porque perpetúan los ciclos de pobreza y desigualdad, contribuyendo a su perpetuación.
Es esencial adoptar un enfoque multidimensional que incluya el fortalecimiento de las instituciones locales, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, así como la implementación de programas de desarrollo social y económico. La participación de la comunidad y la cooperación intergubernamental son fundamentales para crear una estrategia sostenible y efectiva contra la DO en los municipios mexicanos.