La compleja vecindad con EUA conlleva una problemática que solo es posible enfrentar coordinando y conjuntando esfuerzos de ambos gobiernos en beneficio mutuo. La DO se manifiesta en la comisión de delitos, como son: trata de personas, contrabando de armas, narcotráfico, extorsión y la corrupción que genera, mismos que no serían posibles sin la participación del hampa norteamericana.
Debido a que México y EUA tienen distintas tradiciones jurídicas, la interacción en el combate a la DO ha sido compleja y con pocos resultados. La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada provocó un cambio de paradigma, implementándose por primera vez las técnicas especiales de investigación como intervención de comunicaciones, operaciones encubiertas, protección de personas que intervengan en un procedimiento penal, entre otras.
En un inicio, la relación fue muy estrecha, bajo un esquema de confianza mutua, todos los funcionarios tenían que estar “veteados”, empezó un verdadero intercambio de información de inteligencia, nacieron las primeras investigaciones conjuntas, y se empezaron a utilizar testigos colaboradores, aunque los EUA abusaron de esta figura. Al inicio, los trabajos conjuntos fueron exitosos, partiendo de la base de que el solo dicho de la persona no era suficiente para sustentar una acusación penal, era necesario adminicular lo dicho por el colaborador con otros medios de prueba de campo, se adoptó el principio de perseguir y asegurar las ganancias de la DO.
A la fecha el mecanismo de testigos protegidos no se ha podido implantar adecuadamente, ya que hay que hacerlo compatible con los principios internacionales en materia de DO, tampoco se han logrado armar casos sólidos de narcotráfico, lavado de dinero o tráfico de armas por muchos años.
Dentro del marco de cooperación, se creo la Iniciativa Mérida, la cual entre otros objetivos nos impuso un sistema penal acusatorio similar al americano; no se han obtenido buenos resultados, además de que tampoco se ha podido alinear con la política criminal en México. El sistema acusatorio privilegia la libertad, mientras que en nuestro país la prisión preventiva es, de hecho, una medida de prevención del delito.
El cambio de gobierno en nuestro vecino país es una gran oportunidad de iniciar una nueva relación bilateral, centrada en una verdadera integración en cuanto a las agencias de investigación criminal trasnacional, para que, compartiendo información de manera eficiente y rápida, se privilegie la asistencia legal espontánea que ahorra mucho tiempo y sirve para concretar casos criminales que impactan en ambas naciones.
Es un momento estratégico para las administraciones de Biden y López Obrador, existen condiciones para cambiar el paradigma de la cooperación internacional en materia de DO, trazando una auténtica política pública integral y no de control unilateral, la cual ha fallado por años.
El combate a la DO requiere partir de un trato de igual a igual, aceptando nuestras diferencias, privilegiando el trabajo en conjunto. Necesitamos reforzar nuestras instituciones, ajustar nuestro régimen jurídico, para compatibilizar nuestro sistema penal acusatorio y la normatividad internacional en materia de DO. Considero que éste es el camino que podemos recorrer, es viable y congruente con las políticas de ambos gobiernos.
