En medio de la pandemia que ha concentrado la atención del mundo entero, es necesario mantener vigente el reclamo de justicia de género compartido por mujeres de todas las edades, profesiones, convicciones políticas y clases sociales que se hizo patente en la marcha del domingo 8 y el paro nacional del lunes 9 de marzo. La agenda de protección a las mujeres reclama incluso más prioridad hoy, porque la crisis del Coronavirus afecta más a las mujeres, por el aumento de la violencia doméstica y por el peso desproporcionado que asumen las mujeres en las actividades de cuidado y en las tareas del hogar. El aumento de la intensidad de la convivencia en el seno de los hogares aunado a la ansiedad de las restricciones de movimiento y el difícil panorama económico que se avecina permite anticipar una escalada en el número de episodios de violencia intrafamiliar. Ante esta coyuntura, se vuelve imperioso tomar previsiones financieras y operativas para habilitar un número creciente de refugios para mujeres que cumplan, además, con criterios estrictos de control sanitario para evitar el contagio. Desafortunadamente, como en muchos otros renglones, las decisiones que ha tomado el gobierno van en sentido contrario al que se requiere.
Si bien en la discusión presupuestal del año pasado en la Cámara de Diputados se logró evitar la desaparición del financiamiento público para estos refugios e incluso aumentarlos un poco, a la fecha, el gobierno federal no ha liberado los fondos ni ha solicitado las extensiones necesarias para aumentar el financiamiento. Es necesario exigir que el gobierno entregue estos recursos. Como lo ha denunciado la Red Nacional de Refugios, la violencia contra las mujeres no entró en cuarentena y no se puede abandonar a las víctimas de violencia de género a su suerte.
Por otro lado, el confinamiento generalizado también presenta una oportunidad para cobrar consciencia sobre otro fenómeno tristemente muy arraigado en nuestra sociedad: la discriminación en la distribución del trabajo doméstico y de cuidados. En el último reporte del Índice de Instituciones Sociales y Género de la OCDE, México obtuvo una calificación de 29%, colocándose en el lugar 73 de 120 países participantes. La dimensión que más arrastra nuestra calificación a la baja es la prevalencia de actitudes y prácticas discriminatorias en la división del trabajo en el hogar: las mujeres mexicanas emplean 170% más tiempo que los hombres en labores de cuidado no remuneradas. Junto con el combate a la violencia de género, esta parece ser la línea de frontera para lograr una revolución cultural en favor de la igualdad sustantiva.
Estas disparidades sólo pueden corregirse en la medida en que cobremos consciencia como sociedad de la injusticia de las estructuras que suelen normar nuestra vida en familia y actuemos para modificar estos comportamientos. Aprovechemos este tiempo de convivencia para reflexionar cómo se distribuye el tiempo de trabajo doméstico, cuidado de los hijos y otras tareas en el hogar y llegar a acuerdos más justos, en los que la familia se conciba como un equipo que se distribuye las tareas de manera equitativa.
La mayoría de quienes están en la primera línea de combate al Coronavirus en los hospitales, en los laboratorios, en la administración de los servicios de salud y en la prestación de servicios esenciales para la ciudadanía, desde la definición de las rutas de suministro hasta las cajas de los supermercados, son mujeres. El Estado debe responder brindando protección a quienes se encuentran en riesgo y la sociedad puede aprovechar para modificar las estructuras de inequidad dentro de los hogares.
Diputada Federal. @cynthialopezc1
