Esta semana tendrá lugar una de las discusiones legislativas más relevantes en lo que va de la LXVI Legislatura. Hablo, desde luego, de la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Se trata de una medida largamente esperada que beneficiará a más de 13 millones de trabajadoras y trabajadores y cuya implementación será gradual hasta concluir en 2030. La reforma protege a las personas jóvenes al prohibir que los menores de 18 años laboren tiempo extraordinario y refuerza el derecho a no exceder 12 horas extras por semana, todas debidamente pagadas al doble o al triple. Pero, sobre todo, deja algo claro desde el inicio que trabajar menos no significará ganar menos. Bajo ninguna circunstancia habrá reducción salarial ni de prestaciones. Con ello se desmonta, por fin, el falso dilema entre tiempo e ingreso que ha dominado la discusión pública durante años y que ha impedido reconocer el tiempo como uno de los derechos sociales más importantes.
Para comprender de dónde viene y hacia dónde apunta esta reforma, hace falta reconocer que la reforma para la reducción de jornada laboral es parte de la lucha por la dignificación del trabajo que se puede resumir en tres grandes principios: salario justo, tiempo suficiente, protección laboral efectiva. Esta lucha ha trascendido largamente el plano discursivo y ha cosechado ya grandes logros que inciden directa y cotidianamente en la vida de millones de trabajadores.
Lo vemos con el reconocimiento del trabajo subcontratado, que devolvió derechos laborales a millones de personas atrapadas en esquemas de outsourcing. Una de las reformas impulsadas por Luisa María Alcalde quien desde que fue Secretaria del Trabajo ha estado involucrada en el tema. Asi como el logro de aumentar, al doble, del periodo mínimo de vacaciones, de 6 a 12 días, con el que se corrigió un rezago histórico en el tiempo de descanso garantizado por ley. Y lo vemos con la Ley Silla, que parece mínima hasta que se recuerda que miles de personas pasan su jornada entera de pie. En conjunto, estas reformas impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum configuran una nueva visión del trabajo en la que el trabajador deja de ser un “factor de producción” en la fría ecuación económica del desarrollo y recobra su humanidad al reconocérsele como una persona con cuerpo, tiempo y vida.
Esta nueva visión ya ha dado resultados excepcionales a escasos siete años haber comenzado. El sexenio pasado, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, de las cuales la mitad son atribuibles al éxito de su política laboral. Para poner esta cifra en contexto, la población en situación de pobreza disminuyó 13.6%, mientras la clase media aumentó en 12.4%. El factor clave detrás de estos promisorios números es el aumento del salario mínimo, el cual ha recuperado el 154% de su poder adquisitivo desde 2018. Después de más de treinta años en los que el salario y el tiempo de trabajo fueron variables de ajuste, estos datos confirman algo fundamental: dignificar el trabajo es tan justo como funcional.
Si algo ha caracterizado a los gobiernos de Morena ha sido su inquebrantable compromiso con mejorar las condiciones de la clase trabajadora y con dignificar el trabajo. La igualdad no se alcanza únicamente reduciendo brechas de ingreso, sino igualando las condiciones en las que se trabaja y se vive. La remuneración es apenas la punta del iceberg de la desigualdad socioeconómica, porque debajo de ella se encuentran dimensiones menos visibles pero igual de determinantes, como el control sobre el propio tiempo.
La falta de tiempo no afecta a todos por igual. Con el paso de los años, se va acumulando como un sedimento que se deposita sobre otras desventajas ya existentes. Limita la posibilidad de cuidar la salud, convivir con la familia, descansar o simplemente organizar la vida diaria con dignidad. Así, a la desigualdad del ingreso se le suma una desigualdad menos visible pero igual de real, en la que quienes menos tienen también enfrentan jornadas más largas, mayor desgaste físico y menos margen para recuperarse.
Estas mismas jornadas prolongadas también tienen consecuencias económicas, pues no se traducen en mayor productividad, sino en más errores, accidentes laborales y rotación, con costos elevados para las personas trabajadoras y para las empresas. La reforma de las 40 horas se suma así al esfuerzo de dignificación del trabajo iniciado en 2018 al corregir la otra cara de la moneda que dejó el legado perverso del neoliberalismo, la pobreza de tiempo, una forma silenciosa pero profundamente desigual de exclusión social y el estancamiento de la evolución de la estructura económica mexicana.
Desde el escaño: La semana pasada recibimos en el Senado al Secretario del Trabajo, Marath Bolaños, quien explicó al grupo parlamentario los beneficios de esta reforma. Hoy lo recibiremos en la Comisión de Estudios Legislativos donde dialogará con distintas fuerzas políticas. Y el miércoles votaremos tan esperada reforma que transformará, para mejor, la vida de millones de mexicanas y mexicanos trabajadores. Nos leemos pronto.
Senadora de la República
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