La semana pasada se ventiló a la luz pública que antiguos altos funcionarios y personal de confianza de empresas productivas del Estado y entidades financieras públicas, como Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Nacional Financiera, Banobras y Bancomext, reciben pensiones mensuales que superan el sueldo de la propia presidenta de la República. En algunos casos se trata de exdirectivos, exsubdirectores, consejeros o altos mandos de confianza que ocuparon posiciones estratégicas y que hoy perciben entre 100,000 y hasta un millón de pesos mensuales.
Resulta profundamente injusto y ofensivo que mientras millones de personas sobreviven con pensiones promedio que apenas alcanzan para cubrir lo básico, existan jubilaciones que concentran millones de pesos al año con cargo al erario. A ello se suman los haberes de retiro de exministros de la antigua Suprema Corte de Justicia, que en conjunto ascienden a decenas de millones de pesos anuales pagados con recursos públicos. En un país con enormes desigualdades sociales, sostener este tipo de privilegios no sólo es incongruente, sino que es totalmente absurdo.
En respuesta a esta realidad inaceptable y escandalosa, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció en la Conferencia Mañanera del 18 de febrero que presentaría una iniciativa, provisional y extraoficialmente denominada “pensiones sin privilegios”. La reforma al artículo 127 constitucional, el cual establece que ningún servidor público, federal o local, puede ganar más que la presidenta de la República, busca limitar las jubilaciones de altos mandos en empresas públicas y organismos descentralizados para que no rebasen el 50% del salario presidencial, es decir, un máximo de 70,000 pesos mensuales. Con ello, se busca armonizar el principio constitucional de tope salarial con el régimen de retiro de quienes ejercieron funciones de alto mando. Cabe mencionar que la reforma no afectará a trabajadores sindicalizados ni de base, incluidos empleados de Pemex, CFE o LyFC con contratos colectivos, ni será retroactiva en términos plenos.
Para poder comprender de dónde proviene esta iniciativa, es necesario revisar con cuidado las cifras. En Luz y Fuerza del Centro, empresa en liquidación desde 2009, el pago anual de pensiones asciende a 28,074 millones de pesos. De los más de 14,000 jubilados que cuenta entre sus filas, 9,457 reciben entre 100,000 y un millón de pesos mensuales. Dentro de este universo, se documentó incluso un caso particularmente escandaloso de una persona que recibe un millón de pesos por mes. Es decir, hasta 12 millones de pesos anuales para una sola persona. Estas cifras ilustran con elocuencia la magnitud de la brecha interna dentro del propio aparato público.
En Petróleos Mexicanos, 544 pensionados reciben montos superiores al salario presidencial, lo que implica 1,827 millones de pesos al año sólo en ese segmento. En la Comisión Federal de Electricidad, 2,199 pensionados superan el ingreso del Ejecutivo federal, con un costo anual de 4,496 millones.
El gobierno estima un ahorro anual de 5,000 millones de pesos. La cifra, en abstracto, puede parecer limitada dentro del tamaño del presupuesto federal global, pero al aterrizarla a términos cotidianos, se vuelve más tangible. Un bien inicio es compararlas con la jubilación promedio en México, la cual ronda entre 6,600 y 7,000 pesos mensuales. Esto implica que la brecha entre las pensiones millonarias antes mencionadas equivale, a grandes rasgos, entre 14 y 142 veces una pensión promedio. El contraste con la realidad de la mayoría de las pensiones en México resulta inevitable.
Asimismo, al trasladarla a términos de política pública, relativizarla se vuelve más sencillo. El ahorro previsto bastará para cubrir, anualmente, más de 130 mil personas beneficiarias de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, a más de medio millón de estudiantes con la Beca Rita Cetina, o a más de 43 mil jóvenes incorporados al programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
Esta reforma demuestra la importancia de seguir revisando los antiguos sistemas de privilegios y reproducción de desigualdad todavía operantes. Porque cada peso del presupuesto público implica una decisión política. Y cada peso que se destina a pagar pensiones millonarias es un peso que deja de invertirse en bienestar social. La realización del ideal republicano es, a la vez, la brújula y meta de nuestro movimiento. La reforma de pensiones sin privilegios nos coloca un paso más cerca de ella. Desde el escaño, en el Senado nos preparamos para votar la reforma al artículo 127 constitucional. Se trata de una modificación trascendental que permitirá generar un ahorro estimado de 5,000 millones de pesos, recursos que podrán destinarse directamente a fortalecer los programas del bienestar en beneficio de millones de personas. Por otra parte, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, enviará al Congreso de la Unión la propuesta de reforma electoral, la cual será objeto de un amplio proceso de discusión y análisis, con fecha prevista de conclusión el 30 de abril. Nos leemos pronto.
Senadora de la República
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