El 13 de junio, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM publicó un documento de casi 600 páginas que se presenta como un análisis exhaustivo del paquete de 20 reformas propuestas por el poder ejecutivo, que se espera sean implementadas a finales de este sexenio y principios del próximo, después de pasar por el debido proceso legislativo. Estas reformas buscan, entre otras cosas, reformar el poder judicial y cambiar la forma en que se eligen los jueces y magistrados, proponiendo que sean elegidos por voto popular.
El presidente comentó que, aunque la UNAM, como universidad, es un espacio idóneo para el debate de ideas de cualquier tipo, criticó que estas opiniones provengan nuevamente de una élite.
Si nosotros analizamos el libro y nos damos cuenta de que este fue escrito por poco más de 40 autores de los casi 40 mil docentes de la universidad, y que se presenta como un "análisis experto, multidisciplinario y plural" para el cual fueron convocados, como se puede leer en la contraportada, vale la pena que nos cuestionemos, ¿Quien los convocó? ¿Bajo qué criterios de selección? ¿Que garantiza que de verdad fue de forma plural?
Ante las críticas recibidas por estos vacíos, la UNAM emitió un comunicado aclarando que el documento no refleja la opinión institucional, sino únicamente la de sus autores.
En esto hay varios aspectos que vale la pena destacar. Soy egresada de la UNAM y creo tener suficiente conocimiento de cómo se mueve el ambiente político interno, pues yo misma he sufrido de este nepotismo. No es un secreto que ciertas instituciones de la universidad están controladas por una élite de "intelectuales", como es el caso del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchos investigadores utilizan el nombre de la universidad para emitir opiniones personales, las cuales están inevitablemente sesgadas por sus creencias o intereses. Al parecer que la universidad respalda estas ideas, les otorga una legitimidad que no tendrían si se emitieran a título personal.
Esta práctica se utiliza cada vez que beneficia a estos académicos, quienes se otorgan títulos, se publican y se citan entre sí en un círculo cerrado, y además reciben salarios discrecionales con recursos públicos. La academia en nuestro país está secuestrada por una élite que utiliza el prestigio de la institución para su propio beneficio.