La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar en la que un acusado es detenido automáticamente sin la posibilidad de libertad bajo fianza mientras se lleva a cabo un proceso judicial. Por lo general, se aplica en casos graves, como delitos relacionados con crimen organizado, narcotráfico, corrupción, violencia de género o delitos que puedan poner en peligro la sociedad. El objetivo es asegurar que el acusado no huya, obstruya la justicia o represente una amenaza para la comunidad durante el proceso legal, especialmente con aquellos criminales cuyo poder les permite evadir fácilmente la justicia si se les procesa penalmente.
Inicialmente, esta medida se originó debido a la dificultad que el estado mexicano enfrentaba para capturar a los criminales y el alto nivel de fugas que tenían los criminales para no enfrentar la justicia. Incluso aunque parezca irónico, la prisión preventiva oficiosa fue adoptada por el Congreso Mexicano en el marco de la reforma constitucional en materia penal de 2008que significó transitar de un sistema penal inquisitivo a un sistema penal acusatorio y adversarial más respetuoso de los derechos humanos.
Sin embargo, casi a la par de su implementación, la prisión preventiva ha sido fuertemente criticada por contradecir el principio de presunción de inocencia, que establece que todos son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Este principio es un pilar fundamental del derecho penal y se ha establecido después de milenios en los que muchas personas sufrieron castigos y penas impuestas de manera arbitraria. Los defensores de la prisión preventiva argumentan que esta medida debe imponerse en aras del interés general, incluso a costa de algunos inocentes que puedan ser privados de su libertad debido a errores en el sistema.
Sin embargo, esta concepción cambió drásticamente en el siglo XXI con el establecimiento de una corte internacional de derechos humanos. Ya no se podía priorizar el interés general sobre los derechos individuales si esto implicaba una violación de los derechos humanos; los derechos humanos del individuo se convirtieron en una cuestión de interés general.
Además, lamentablemente, el margen de error en la prisión preventiva resultó ser mucho más amplio de lo previsto. Durante décadas, esta medida se utilizó de manera coactiva contra enemigos políticos, periodistas y personas inocentes que no estaban alineadas con el régimen. Las lecciones aprendidas de todas estas experiencias enriquecieron la perspectiva de la corte interamericana de derechos humanos sobre la presunción de inocencia, lo que finalmente condujo a la condena de esta medida en el año actual y a la obligación del Estado mexicano de reformar la legislación que la sustentaba, con el objetivo de derogarla por completo.
