Que lo barato sale caro es un lugar común, pero con frecuencia resulta muy cierto. Para muestra, el sainete que el secretario administrativo del INAH, Pedro Velázquez Beltrán, provocó en su institución hace unos días al cambiar los servicios de vigilancia para los recintos en varios estados del país y en la Ciudad de México. El domingo 1 de junio se anunció que no sería posible seguir contratando a la Policía Auxiliar de la capital para vigilar los inmuebles del Instituto en Ciudad de México porque ya no cumplía con “las mejores condiciones disponibles en cuanto precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.Al día siguiente, comenzó el caos, primero en la ENAH, y el martes 3 se extendió a algunos de los principales museos de la capital, entre ellos el más importante, la gran joya de México: el Museo Nacional de Antropología, que justo un día después recibió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, pero permaneció sin visitantes y cerrado hasta nuevo aviso por falta de vigilantes. La noticia, que parecía sacada del Día de los Inocentes, le dio la vuelta al mundo, y gracias a ello en lejanos lugares se conoció un poco sobre las actuales carencias del presupuesto de la cultura en México.Ante el país exhibió la incompetencia de la oficina del antropólogo Velázquez Beltrán por no haber realizado la investigación de mercado que exige el artículo 35, párrafo sexto de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público para acreditar que con la contratación se aseguraran las mejores condiciones para el Estado. Porque las empresas a las que le fueron encargadas las tareas de vigilancia resultaron evidentemente incapaces de dar el servicio en tiempo y forma. Y regresó la Policía Auxiliar a sus puestos en los museos de la Ciudad de México tras un manotazo de la presidenta Sheinbaum.Además de incompetencia, una de las empresas contratadas por el secretario administrativo del INAH tiene un antecedente inquietante: en 2019 la compañía SSS Asistencia y Supervisión SA de CV fue una de las firmas responsables de custodiar bienes del Instituto Nacional para Devolver al Pueblo Robado (INDEP). Las empresas vinculadas a esos contratos de vigilancia quedaron bajo sospecha luego de que Jaime Cárdenas, el entonces titular de la dependencia, denunció a finales de 2020 ante el presidente López Obrador corrupción de funcionarios y empresas en perjuicio de esos bienes en poder del INDEP. “Por manipulación de distintas piezas de joyería hemos presentado las denuncias penales a la Fiscalía General de la República”, decía el documento con la acusación. Tiempo después, algunos medios documentaron que las denuncias no se presentaron pero las pérdidas y los robos, también documentados, no se han aclarado tampoco…Una vez que se calmen las aguas después del chapucero intento de cambio de vigilancia, probablemente el equipo a cargo de don Diego Prieto hará un nuevo intento. ¿Llegará entonces una empresa que sustituya por las noches partes de piezas arqueológicas originales por artesanías del mercado de la Ciudadela? Veremos si lo barato nos sale muy caro.
Lee también:
(Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com)