La directora del ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), María Elena Álvarez-Buylla, se encuentra en una cruzada por legitimar la imposición de su ley y descalificar a todos sus “adversarios”, una acción muy familiar con la forma de gobernar de la 4T. Usted recordará que el 3 de mayo pasado, la funcionaria se lanzó contra el CIDE, el INAI, la UNAM, el Tec de Monterrey, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Red ProCiencia. Y en esa presentación delirante en Palacio Nacional, Álvarez-Buylla dijo que durante el “periodo neoliberal” el Consejo transfirió, a través de su Programa de Estímulos a la Innovación, “recursos multimillonarios” a 2 mil 935 grandes empresas nacionales y transnacionales por 45 mil 643 millones de pesos.
Fue precisamente la Red ProCiencia quien, en un acto del ejercicio de libertad de expresión, compartió un comunicado en donde desmintió a la funcionaria y señaló que la directora ha practicado lo que se conoce en la academia como “cherry picking”, que es considerada como una mala práctica en las instituciones, y que consiste en manejar y presentar los datos de tal manera que el lector sea intencionalmente inducido a llegar a una conclusión falsa. La Red ProCiencia explicó que los datos que presentó Álvarez-Buylla son falsos, y reiteró que la información verdadera fue publicada por la misma página del entonces Conacyt.
Lee también: La nueva Ley de ciencia y el futuro del Instituto Mora
“El número total de grandes empresas apoyadas entre 2009 y 2018 no fue 2 mil 935 sino mil 842. Mil menos de las que dice la directora. De los 26,081 millones de recursos públicos que se ejercieron en esos 10 años, el monto total asignado a proyectos de grandes empresas fue de 7 mil 564 millones de pesos.
De estos recursos, la mitad –3 mil 481 millones de pesos– fue transferida a más de 650 laboratorios, centros o institutos de investigación públicos, que desarrollaron actividades vinculadas con esos proyectos”, son sólo tres puntos que Red ProCiencia aclaró en ese comunicado. Pero ayer, como parte de la campaña en redes sociales que la funcionaria realiza para darle fe a los albazos legislativos que concluyeron en la aprobación de la Ley Álvarez-Buylla, la funcionaria expresó que la acusan de realizar “cherry picking”, e hizo un “atento llamado a la reflexión, a la congruencia y al desempeño ético y alejado de estas malas prácticas”.
Parece que no escuchar las voces y opiniones de la comunidad, hacer albazos, descalificar instituciones en público y llevar a cabo procesos legales desaseados, son sinónimos de prácticas honestas para la funcionaria.
Lee también: ¿La calor o el calor? RAE termina con la polémica