Por Tania Mijares
Abogada ambiental y codirectora de Agencia Celsius
En el transcurso del último año, México ha sido testigo de un sombrío récord: 20 agresiones letales a defensores de los derechos ambientales, incluidos 19 asesinatos y una ejecución extrajudicial, según un informa del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). Estos alarmantes números son solo la punta del iceberg en una crisis global que ha cobrado la vida de 1.910 defensores desde 2012 hasta 2022, según Global Witness. Aunque estos números son escalofriantes, no reflejan completamente la angustia y el peligro constante que enfrentan quienes se atreven a defender el patrimonio natural del planeta.
Latinoamérica se ha convertido en el escenario más peligroso para los defensores ambientales, con casi nueve de cada diez homicidios registrados en la región en 2022. En esta estadística, Colombia encabeza la lista, seguida de cerca por Brasil, México y Honduras. Este año, en México, los focos más conflictivos han sido Jalisco, Oaxaca y la Ciudad de México, con la minería otros grandes proyectos de infraestructura.
Un aspecto a resaltar es el vínculo entre la defensa del medio ambiente y las comunidades indígenas. Más de un tercio de los asesinatos globales en 2022 afectaron a estas comunidades, que a pesar de constituir solo cerca del 5% de la población mundial, enfrentan un nivel desproporcionado de violencia. En México, este año, el 57.7% de las agresiones fueron contra personas de pueblos indígenas, destacando un patrón de racismo ambiental y discriminación estructural donde las tierras y territorios de los pueblos originarios son constantemente objetivos de apropiación.
Más allá de los ataques físicos, la criminalización de la labor ambientalista es cada vez más común. Los defensores enfrentan una creciente estigmatización por parte de autoridades y entidades empresariales, complicando aún más su capacidad para ejercer su trabajo sin represalias. Esta hostilidad se manifiesta no solo en violencia física sino también en formas de opresión legal y social que buscan silenciar sus voces y desalentar su activismo.
Frente a esta crisis, la comunidad internacional y los gobiernos locales deben tomar medidas decisivas. Es imperativo fortalecer los mecanismos de protección para los defensores de derechos humanos y periodistas, investigar adecuadamente los ataques y asegurar que los culpables sean llevados ante la justicia. Sin una acción firme, la lucha por la protección del medio ambiente seguirá siendo una sentencia de muerte para muchos.
No podemos permitir que quienes se dedican a salvaguardar la biodiversidad y combatir el cambio climático paguen con sus vidas. La urgencia de actuar es ahora, antes de que perdamos más guardianes de nuestra tierra y de nuestro futuro.
