Por Francisco Bedolla Cancino y Héctor Lases Mina.
Especialista invitado y Coordinador adjunto
del Comité de Infraestructura del Transporte, respectivamente,
del Colegio de Ingenieros Civiles de México, CICM.
Entre las voces más connotadas dentro del sector de infraestructura del transporte y la energía en nuestro país, coexisten dos fuertes señales que apuntan en sentido contrario: por un lado, el alto grado de conciencia en torno a los conflictos sociales, hoy por hoy una muy seria amenaza a la rentabilidad operacional y financiera, y la sostenibilidad de los proyectos; y, por el otro, una marcada indiferencia práctica, que queda de manifiesto en la prevalencia de los usos y costumbres añejas en materia de gestión del riesgo social y la indisposición a enfrentar estos nuevos retos con los modelos de intervención -las Evaluaciones de Impacto Social- que tan buenos dividendos han ofrecido en donde quiera que se les ha utilizado de modo sistemático. A este respecto, un detalle irrecusable obra en el sintomático subtítulo Retos de la Transición que acompañó al III Foro Nacional de Infraestructura del Transporte, organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) a comienzos de junio de 2023, el cual develó el consenso tácito en los ramos del sector de que la sostenibilidad reclama, y con urgencia, cambios cualitativos en los más diversos aspectos: técnicos, financieros, ambientales, normativo-regulatorios y, de crucial importancia, de protección y vigencia de los derechos humanos de los impactados.
En el foro en comento, los expertos de la infraestructura del transporte, desde las particularidades de los modos respectivos, acusaron recibo de los vientos de cambio que soplan desde el exterior. Enfáticamente, la nueva geopolítica mundial y la irrupción del fenómeno de la relocalización industrial (nearshoring), que tiene a México como un polo significativo de atracción de la inversión extranjera directa (entre 300 y 400 mil millones de dólares en los próximos cinco años, según Forbes); los rendimientos positivos del TMEC; y el incremento significativo del volumen de las importaciones y exportaciones. Igualmente, dieron cuenta de cómo las cambios internos están desafiando la sostenibilidad del sector: la conversión de México en economía manufacturera y potencia económica mundial, cuyo PIB actual rebasa los 1.4 millones de millones de dólares; el crecimiento sin par de la Balanza Comercial; un vasto capital demográfico, el tercero en magnitud del continente y décimo en el Planeta; la emergencia de una red de nichos urbanos, ciudades de entre 800,000 y 1,200,000 habitantes, demandantes de todo tipo de servicios. En suma, frente al sector se yergue un volumen fascinante de crecientes demandas de movilidad para una economía y una población pujantes, asentada en una superficie de casi dos millones de km2; con una frontera de más de tres mil km con los Estados Unidos de Norteamérica, nuestro principal socio comercial; y más de 11 mil km de litorales en ambos océanos.
En este contexto, los retos de la transición en el sector del transporte son una realidad acuciante. La infraestructura carretera se encuentra en medio de las tendencias de incremento de la demanda de servicios y el virtual estancamiento de las capacidades instaladas, que se expresan en los brotes de saturación en una buena proporción de la red instalada. El modo ferroviario acusa una honda brecha entre su potencial de movilización de mercancías y personas a costos competitivos y su incidencia efectiva, imputable a la lentitud, la falta de mantenimiento y de nueva infraestructura, así como a la contracción de la demanda ocasionada por los vaivenes de la economía mundial y los problemas de inseguridad. De igual modo, el modo marítimo-portuario acusa los efectos de los cambios internacionales. Luego de un periodo de bonanza entre 2020 y 2021, las tarifas han venido a la baja desde principios de 2022. Finalmente, el modo aéreo acusa problemas de subutilización de su capacidad instalada con mermas en la rentabilidad de los principales aeropuertos, a la vez que una ochentena de aeropuertos pequeños, que dan servicios a líneas de pasajeros y de carga, operan con pérdidas porque no han logrado rebasar el umbral del punto de equilibrio. En este universo heterogéneo, la sostenibilidad económica, que es preocupación central, conduce a la revisión de los modelos financieros y al enfoque de la multi e intermodalidad. A su lado, se yerguen los tópicos de sostenibilidad social y ambiental avalados por los consensos internacionales, la disfuncionalidad de los marcos legales e institucionales nacionales, las expectativas sobre la intervención pública en términos de financiamiento y regulaciones específicas y tópicos genéricos derechos humanos, inclusión y equidad.
En contraste con la abundancia de evidencias y análisis sobre los desfases en los proyectos de infraestructura, se yerguen las pálidas sombras de las referencias al desbordamiento de los conflictos sociales, una constante visible en la última década, y a los imperativos de innovación en las prácticas para prevenirlos, identificarlos y gestionarlos eficientemente, que se sintetizan en un poderoso instrumento integral de investigación y acción: las evaluaciones de impacto social (EVIS). Tal situación, de indudable tinte paradójico, dista mucho de ser un mero accidente; más bien, operan en ella fuertes mecanismos que alientan entre los partícipes (gobiernos federal, estatales y municipales, inversionistas, desarrolladores, agencias gubernamentales, etc.) la aversión al riesgo y comportamientos de desplazamiento hacia los demás de las responsabilidades, o bien, la creencia de que las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) colman las expectativas sobre las obligaciones por cumplir.
En el escenario descrito, tienen gran relevancia los esfuerzos de visibilización del riesgo social que ha emprendido el Colegio de Ingenieros Civiles a través de su Comité de Infraestructura del Transporte, de sus propios foros y de los eventos interinstitucionales en que participa muy activamente. De modo especial, cabe mencionar la iniciativa en curso desplegada por el Centro de Actualización Profesional e Innovación Tecnológica (CAPIT del CICM), de abrir en próximas fechas el Diplomado en Gestión de Impactos Sociales en los Proyectos de Infraestructura y Energía. Se trata, sin duda, de un proyecto de alta pertinencia práctica y actualidad, que podría sentar todo un precedente, no sólo como un espacio de confluencia entre actores y observadores con conocimientos y experiencias por compartir, sino también de construcción y fortalecimiento de las nuevas actitudes, valores y competencias profesionales en torno a las prácticas de frontera en materia de cálculo y gestión del riesgo social.
