Ing. Luis F. Robledo Cabello
Coordinador del Comité de Infraestructura
Colegio de Ingenieros Civiles de México, A. C.
Al igual que los maestros de educación primaria y los médicos, los ingenieros civiles somos los primeros en estar en contacto con la población rural y urbana en todos las comunidades y ciudades del país, gracias a lo cual conocemos de inmediato las necesidades insatisfechas y detectamos las posibilidades de desarrollo económico.
Ambas situaciones, es decir la satisfacción de las necesidades a través de la prestación de servicios públicos y el aprovechamiento de las oportunidades de generación de empleos para mejorar el nivel de vida de los mexicanos, están vinculadas estrechamente con el desarrollo de diversos tipos de infraestructura como la construcción de escuelas, clínicas, hospitales, agua potable, drenaje sanitario, alumbrado público, electricidad domiciliaria, caminos rurales, carreteras, vialidades urbanas, obras de irrigación, telecomunicaciones, combustibles y otra indispensable para el bienestar de la sociedad.
Durante muchos años el Gobierno Federal apoyó presupuestalmente a los municipios para el desarrollo de los servicios municipales. Sin embargo, a partir de la década de los 80s del siglo pasado, la acelerada urbanización del país rebasó la capacidad del gobierno para apoyar en forma importante los servicios municipales, modificando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el Artículo 115, estableciendo como responsabilidad primaria de los municipios la prestación de todo tipo de servicios como el agua potable, el alcantarillado sanitario, el manejo de los residuos sólidos y otros más. Esta medida tomó a los municipios por sorpresa y muchos de esos servicios se siguen proporcionando, en la mayoría de las poblaciones, en condiciones insuficientes y de mala calidad, afectando a los habitantes en su nivel de vida, ya que los ingresos derivados de las tarifas son insuficientes para su operación y mantenimiento y prácticamente nulos para atender los crecimientos de la demanda de infraestructura, su mantenimiento y su reposición periódica, aunque existen algunas pequeñas partidas presupuestales o con créditos externos para brindar apoyos federales los cuales son insuficientes.
En otros casos y como respuesta de carácter sociopolítico, el Gobierno Federal participa para atender situaciones de crisis como recientemente ocurrió con el abastecimiento de agua potable de Monterrey, construyendo un tercer acueducto de más de 100 km de longitud, con recursos federales, tomando como fuente de abastecimiento la presa El Cuchillo construida en sexenios anteriores para fines de riego.
Según nuestra legislación algunos tipos de infraestructura deben ser construidos por el gobierno federal, como por ejemplo las carreteras federales libres de cuota y el suministro de energía eléctrica, otra parte queda bajo la responsabilidad de los gobiernos estatales, como la red carretera secundaria y finalmente otra por los municipios, como el agua potable, el alcantarillado sanitario y la gestión de los residuos sólidos. La capacidad presupuestal para atender las necesidades de infraestructura de servicios y para aprovechar las oportunidades de desarrollo económico es marcadamente diferente entre los 3 niveles de gobierno e insuficiente.
Los 3 niveles de gobierno no reciben dinero suficiente de la sociedad a través de todo tipo de recaudación para la atención de las necesidades y todos esos recursos forzosamente deben ser generados por la sociedad y transmitidos a través de los diversos sistemas tributarios a los gobiernos, cuya obligación principal es gestionarlos eficiente y honradamente.
Ante la insuficiencia de los sistemas tributarios para atender todas las necesidades y aprovechar las oportunidades, otros países han optado por incorporar la inversión privada para el desarrollo de la infraestructura, en algunos casos privatizando los servicios y en otros permitiendo solamente la inversión privada con carácter de recuperable, con una rentabilidad razonable y vigilada socialmente, existiendo mecanismos y experiencias exitosas al respecto. En ocasiones el inversionista se encarga tanto de la construcción de la infraestructura como de la operación, conservación y mantenimiento, a través de contratos de prestación de servicios y recibiendo a cambio una contraprestación razonable y vigilada socialmente, sin privatizar el servicio.
Generalmente, los particulares financian del orden del 25% de la inversión y se convierten en gestores de créditos con la banca privada que financia el 75% restante. El inversionista recibe ganancias por su aportación del 25% y la banca privada recibe los intereses comerciales para retribuir la parte que le corresponda a sus ahorradores e inversionistas.
Pero la participación privada sólo ocurrirá si se tiene certeza de que recuperará el capital y los créditos invertidos, con la rentabilidad pactada con la autoridad. Algunos tipos de infraestructura han encontrado mecanismos para lograrlo, como por ejemplo las carreteras de cuota en las cuales la recuperación se basa en el número de vehículos que la utilizan y que pagan una cuota acordada en el título de concesión la cual generalmente está bien estudiada; en caso de que la recuperación se retrase debido a un volumen de tránsito menor, se puede ampliar el plazo de la concesión hasta lograr la recuperación total. Pero este es un caso especial por tratarse de un servicio nuevo con una cuota nueva.
En el caso de servicios públicos como el agua potable y los residuos sólidos, las tarifas actuales son totalmente insuficientes como consecuencia de una visión a veces social, a veces política, que las ha venido rezagando sistemáticamente, de tal manera que apenas se cubren los costos de operación y un mantenimiento insuficiente, con el consecuente deterioro en la calidad de los servicios y sin contar con capacidad para hacer frente al crecimiento de la infraestructura para satisfacer las nuevas demandas.
La situación actual de los ingresos tarifarios indica que la magnitud del problema ha llegado a dimensiones tales que no es segura la inversión para el capital privado y para sus bancos de crédito.
Por la situación de las finanzas públicas federales para los siguientes años, no parece posible que el gobierno pueda destinar presupuestos suficientes para apoyar el desarrollo de la infraestructura de los servicios públicos municipales en la cantidad necesaria. Por ello la solvencia de las finanzas de los servicios municipales ya sea en forma indirecta a través de contribuciones y/o de tarifas por los servicios, deberá obedecer a un proceso de incrementos graduales de las tarifas con porcentajes razonablemente superiores a la inflación, hasta alcanzar en el mediano plazo la autosuficiencia tarifaria, pero esto requiere de un pacto social a nivel nacional, con la participación de las autoridades y de los grupos organizados de la sociedad para que se reconozca que los gobiernos “no generan” dinero, sino sólo lo administran, lo cual debe cumplir con estándares de transparencia hacia la sociedad.
Mientras se alcanza la autosuficiencia financiera, la calidad y suficiencia de ese tipo de servicios seguirá deteriorándose a no ser que los presupuestos federales, estatales y municipales se incrementen con medidas de carácter fiscal.
