En diciembre de 1983 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas estableció una Comisión especial con el encargo de presentar un informe sobre el medio ambiente y la problemática ambiental hasta el año 2000. Dicha Comisión se transformó en Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y en 1987 presentó el informe Nuestro Futuro Común. La Comisión fue encabezada por la Doctora Gro Harlem Brundtland y en honor a su liderazgo el informe se conoce como Informe Brundtland. El término “desarrollo sustentable” fue un concepto central en el Informe y su adopción definitiva como paradigma para el desarrollo de las naciones fue la Agenda 21, que fue el resultado de la famosa reunión de la ONU sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 1992.
México incorpora el principio de la sustentabilidad en el artículo 25 constitucional, el cual señala: “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.”
La sustentabilidad implica un desafío a la manera tradicional de pensar y de actuar. El concepto surgió como una respuesta gruesa a preocupaciones persistentes y fundamentales acerca de la viabilidad a largo plazo del modo en que se entienden en general el progreso, el desarrollo y el bienestar. Más recientemente, emanó de preocupaciones acerca de la combinación de degradación ambiental y desarrollos fallidos, pero también tenía sus raíces en una crítica hacia la toma de decisiones que daban poca atención a: los costos y límites del crecimiento; los riesgos de la manipulación cada vez mayor de la naturaleza; y las realidades particulares de comunidades humanas y ecológicas supuestamente integradas en programas de desarrollo.
Podría decirse que la sustentabilidad debería ser la preocupación central de los tomadores de decisiones en los sectores públicos y privado. No es un tema más dentro de una lista de consideraciones, sino que constituye un gran marco de referencia conceptual y un conjunto de valores generales para integrar la totalidad de consideraciones relevantes. Como se destaca en el reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Hacer las Paces con la Naturaleza “la prosperidad humana depende del uso racional del espacio finito y los recursos restantes del planeta, así como de la protección y el restablecimiento de sus procesos sustentadores de la vida y de la capacidad de absorber los desechos”
Los debates acerca de la sustentabilidad y sus implicaciones han coincidido con un reconocimiento creciente de que las consideraciones humanas y ecológicas están vinculadas en sistemas dinámicos y multiescalares sumamente complejos. En este contexto, la predicción de condiciones futuras es cuando menos incierta y las sorpresas son muy probables. La confianza excesiva es peligrosa; en cambio, la precaución es muy recomendable (en cuanto a desarrollo de planes de respaldo, evasión de riesgos innecesarios – tanto económicos como sociales y ambientales-, planificación para cambiar de rumbo en caso necesario, etc.).
La sustentabilidad no es cuestión de echar a andar un sistema de relaciones compatibles entre factores sociales, ecológicos y económicos. Es esencialmente un tema de cultura y de gobernanza.
Existen diversas herramientas que se han aplicado con diferentes grados de eficacia para ayudar a trasladar el concepto de desarrollo sustentable al terreno práctico. Dentro de tales herramientas destaca la que se conoce como “evaluación ambiental estratégica” (EAE). Esta herramienta se originó para incorporar los asuntos ambientales en las etapas tempranas de decisión en el desarrollo de políticas, planes y programas (PPP), como respuesta a la consideración tardía (reactiva) de este tema en la evaluación de impactos ambientales (EIA) tradicional aplicada a proyectos normalmente ya definidos con base en criterios solamente económicos, políticos, de ingeniería y/o sociales. Aunque la EAE surgió como una extensión de la EIA llevada al ámbito de PPP, ha evolucionado significativamente para incorporar también consideraciones sociales y económicas, cubriendo así el espectro completo de la sustentabilidad, aunque guardando el nombre original de EAE.
La EAE es un instrumento de evaluación de efectos de naturaleza estratégica, cuyo objetivo es facilitar la integración ambiental y la evaluación de oportunidades y riesgos de estrategias de acción en un marco de sustentabilidad. Las acciones estratégicas se vinculan directamente con la formulación de políticas y se desarrollan en el contexto de los procesos de planificación.
Son fundamentales para la EAE los principios de responsabilidad (rendición de cuentas), participación y transparencia. También resulta básica su capacidad para darle seguimiento, de modo iterativo y facilitador, a los ciclos de preparación, ejecución y revisión del proceso de planificación, con objeto de influir en la formulación y discusión de estrategias de acción así como para apoyar las grandes opciones de desarrollo cuando éstas todavía están abiertas.
El ámbito de la EAE incluye aspectos de naturaleza física, ecológica, social, cultural y económica, en la medida en que son relevantes para determinar la calidad de vida así como los riesgos y oportunidades para el desarrollo sustentable en la región de análisis. Desde el ángulo estratégico, la EAE tiene tres objetivos muy concretos: 1) asegurar la incorporación de consideraciones ambientales, sociales y económicas en la planificación, programación y elaboración de políticas; 2) detectar oportunidades y riesgos, evaluar y comparar opciones alternativas de desarrollo mientras aún estén en fase de discusión; y 3) contribuir al establecimiento de contextos de desarrollo más adecuados para la inserción de nuevas propuestas de desarrollo.
A través de estos objetivos, la EAE fortalece la planificación, ya que puede contribuir a: asegurar una visión estratégica y una perspectiva de largo aliento en la relación que los humanos mantenemos con el ambiente; detectar problemas y oportunidades estratégicos de las opciones bajo análisis y facilitar la evaluación de impactos acumulativos; sugerir programas de seguimiento a través de la gestión y monitoreo estratégicos; asegurar procesos participativos y transparentes que incluyan a todos los agentes relevantes; y promover decisiones más integradas en relación con los diversos puntos de vista relevantes (definidos en función de factores técnicos y de valores político-culturales).
En pocas palabras, la EAE es un facilitador estratégico del proceso de sustentabilidad.
La EAE es aplicada en decenas de países, incluida la Unión Europea. En un reciente análisis de los beneficios que la EAE ha producido en esa región, se mencionan: la consulta efectiva entre las autoridades ambientales y el público; mejores procedimientos de evaluación de planes y programas; adaptabilidad de la EAE para incorporar temas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, cambio climático y otros; ha sido clave en lograr coherencia de programas sectoriales y en la implementación de políticas sectoriales relativas a cambio climático, transporte, energía, entre otros; y ha impulsado la transparencia y la participación en la toma de decisiones estratégicas.
México debería adoptar la EAE en la formulación de sus planes, políticas y programas, como el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales y regionales que de él derivan. Con ello se materializaría el propósito del artículo 2 de la Ley de Planeación que establece: “La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de interculturalidad y de género, y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
Volvemos a referir el informe Hacer las Paces con la Naturaleza: “Los cambios ambientales están socavando los logros en materia de desarrollo que tanto ha costado conseguir, ya que acarrean costos económicos y millones de muertes prematuras al año. Asimismo, impiden que se avance en aras de la erradicación de la pobreza y el hambre, la reducción de las desigualdades y la promoción de un crecimiento económico sostenible, el trabajo decente para todos, y unas sociedades pacíficas e inclusivas.” Por ello es urgente fortalecer la planificación del desarrollo.
No hay manera de que México pueda aspirar a un verdadero desarrollo sustentable sin impulsar de modo decidido y contundente la construcción de infraestructura. El Colegio de Ingenieros Civiles de México cuenta con la capacidad técnica en EAE para apoyar al gobierno en esta impostergable tarea.
