Dr. Juan Carlos Tejeda González
Coordinador del Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad del CICM
Desde que se acuñó el término ‘Desarrollo Sostenible’ se ha manejado el concepto que éste se logrará cuando sus tres pilares fundamentales: Sociedad, Ambiente y Economía, logren un equilibrio en la búsqueda de desarrollo, que bien puede ser de una comunidad, una ciudad, país o región. Por muchos años se ha educado bajo este principio; sin embargo, desde hace mucho tiempo ya se cuenta con la evidencia que este enfoque no es el adecuado.
Antes de ahondar más en esto, estableceremos una precisión: los pilares fundamentales son las dimensiones Social, Económica y Biofísica de un Sistema General que es el Ambiente. Así pues, cuando se habla de aspectos ambientales, éstos incluyen los sociales (cultura, bienestar, salud, costumbres, etc.), los económicos (sistema económico, comercio, empleo, etc.) y los biofísicos (aire, suelo, agua, fauna, flora, etc.). Partiendo de esto, si el interés principal de las políticas públicas es el desarrollo económico y social, entonces se requieren de recursos biofísicos para alcanzar dicho desarrollo, por lo tanto, al aspirar a desarrollarnos socioeconómicamente, la dimensión biofísica del ambiente va a ser afectada, y quizá una parte de la dimensión social (unos grupos sociales serán beneficiados, pero es posible que otros grupos sociales sean afectados). Ahora bien, si queremos fortalecer las políticas públicas de conservación y protección de la dimensión biofísica (los recursos naturales), entonces los elementos económicos y algunos sociales se verán afectados al tener que limitarse, ya que no hay desarrollo económico ni bienestar social sin el consumo de recursos.
Bajo el argumento anterior, es imposible lograr un equilibrio entre los pilares fundamentales del Desarrollo Sostenible ya que, entre ellos, sus relaciones son inversamente proporcionales. Tal argumento se sustenta con los indicadores de protección y conservación ambiental de distintas fuentes a nivel nacional e internacional: las concentraciones de CO2 en la atmósfera aumentando cada año, el número de especies en peligro de extinción, la contaminación del suelo y los recursos hídricos, la disminución de las áreas forestales, el aumento del tamaño de las ciudades y por ende de los recursos necesarios para su subsistencia (agua, energía, alimentos, espacio), y de los problemas ambientales generados (residuos sólidos, aguas residuales, entre otros).
Así pues, el Desarrollo Sostenible, como concepto, es posible considerarlo como un gran mito. En México, como en el mundo, se presentan grandes disyuntivas respecto a las políticas públicas antagónicas de desarrollo económico y de conservación ambiental: mientras en el sur de México se fomentó en los últimos años el desarrollo económico con base en el desarrollo de infraestructura ferroviaria y de petroquímica, despreciando las políticas de conservación y protección que existían en nuestra legislación ambiental, actualmente, hay zonas en el país donde se pondrá un freno al desarrollo con el establecimiento de instrumentos tales como Áreas Naturales Protegidas o modificaciones a los Ordenamientos Ecológicos Territoriales.
El problema no es entonces el hecho de que los criterios de desarrollo económico y protección ambiental sean antagónicos, sino que la aplicación de dichos criterios se vuelve selectiva: mientras para algunos proyectos no importa la realización de los estudios ambientales, para otros proyectos son causa de eliminación o cierres de proyecto el no contar con esos estudios. El desarrollo de infraestructura se ha vuelto el ejemplo más claro de lo anterior: se construyeron proyectos cuyos impactos ambientales no fueron adecuadamente evaluados, ni mitigados, ni compensados, provocando que actualmente se empiecen a visualizar algunos de los impactos ambientales ocultos en estos proyectos: contaminación, fragmentación de ecosistemas, daños ambientales irreversibles.
Y el problema en el país no es solo la aplicación selectiva de la legislación ambiental, sino la falta de capacidad tanto de los profesionales que realizan los estudios ambientales, como de las autoridades que revisan dichos estudios. Si en México cualquier profesional de cualquier área puede elaborar un Estudio Ambiental, como una Manifestación de Impacto Ambiental, sin contar con las habilidades necesarias para hacer ese trabajo, es necesario fortalecer este aspecto de manera prioritaria. Asimismo, nuestras autoridades deben entender la responsabilidad que tienen hacia el ambiente, con las decisiones que toman, y ser conscientes de los efectos de sus decisiones, traducidas en nuevas leyes o la correcta aplicación de los instrumentos legales (resolutivos, autorizaciones, permisos, etc.).
No podremos esperar resultados distintos en la gestión ambiental en México, si seguimos haciendo las mismas cosas que hace más de 25 años. Desde el Comité de Medio Ambiente y Sustentabilidad del Colegio de Ingenieros Civiles de México, podremos coadyuvar con las autoridades y profesionales de la ingeniería en el desarrollo de las capacidades necesarias para mejorar la aplicación de la gestión ambiental tanto de la Ciudad de México como del país. Y desde el Consejo de Políticas para la Infraestructura (CPI), el alcance puede ser mayor, con el trabajo en conjunto de las distintas asociaciones que conforma dicho Consejo.
Ciudad de México, agosto de 2025
