M.I. Luis Maumejean N.
Coordinador del Comité de Tecnología
Colegio de Ingenieros Civiles de México
En cualquier sociedad moderna la inversión no es un lujo: es la piedra angular del desarrollo. Pero no basta con invertir. Hoy más que nunca, México necesita invertir con inteligencia, visión de largo plazo y responsabilidad tecnológica.
La inversión pública y privada en infraestructura debe estar guiada por un principio fundamental: generar más beneficios que costos a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, desde su planeación hasta su operación y mantenimiento. Diversos estudios internacionales muestran que cada peso invertido en infraestructura genera entre 1.3 y 2.0 pesos de retorno económico y social. Cuando este principio se aplica, la inversión en infraestructura se convierte en motor de productividad, cohesión social, equidad y sostenibilidad.
El problema que enfrenta nuestro país en el ámbito de la infraestructura es la inversión sin planeación suficiente, lo cual conduce a costos con escasos o en ocasiones sin beneficios; buena parte de las grandes obras de infraestructura han sido afectadas por decisiones tomadas sin un sustento técnico suficiente, sin información confiable y sin estudios de rentabilidad social y económica. Muchas de estas infraestructuras:
- Han excedido sus ciclos de vida útil sin mantenimiento adecuado.
- Presentan deterioro estructural que representa riesgos para la población.
- No están alineadas con las demandas y necesidades reales de la población.
- Son afectadas por eventos externos, desde políticos hasta climáticos que no fueron previstos.
Esto ha generado un costo económico y social de gran magnitud. Según auditorías federales del Poder Legislativo, los proyectos mal planeados en México presentan en promedio sobrecostos del 36 % y duplican sus tiempos de entrega. Otros indicadores estiman que entre el 15 % y 20 % del presupuesto total de obra pública se pierde por corrupción o ineficiencia administrativa.
Esos mismos recursos, bien planeados y ejecutados y seguidos con rigor, podrían haber atendido necesidades hídricas, educativas, energéticas o de movilidad urgentes.
Las soluciones son la planeación, la tecnología y la gobernanza inteligente que, ante un panorama desafiante, ofrecen una oportunidad única. Las tecnologías disponibles hoy permiten dar un salto de calidad en cómo diseñamos, construimos, monitoreamos y operamos la infraestructura pública y privada.
Algunas herramientas disponibles que pueden y sería conveniente aplicar cada vez más son:
- Modelado BIM (Building Information Modeling) para todo el ciclo de vida de las obras. Países que han adoptado BIM han logrado ahorros desde 20 % hasta varias veces los costos de construcción y mantenimiento.
- Drones y sensores inteligentes para estudios topográficos, hidrológicos y estructurales en tiempo real, reduciendo riesgos y costos de exploración hasta en 30 %.
- Prefabricación modular, que reduce en hasta 50 % los tiempos de obra y genera menor desperdicio de materiales, disminuyendo también la huella de carbono.
- Robots y equipos autónomos para actividades especializadas, que incrementan la precisión y seguridad en obra.
- Blockchain aplicado a contratos, pagos y auditoría, que reduce costos de supervisión y combate la corrupción con trazabilidad digital.
- Modelos híbridos de financiamiento, incluyendo inversiones internacionales, fondos verdes y tecnologías como las criptomonedas reguladas.
- Sistemas de capacitación continua, indispensables ante una brecha tecnológica creciente en el personal técnico-operativo.
- Inteligencia artificial aplicada, capaz de detectar patrones de fallas, prever escenarios climáticos o geotécnicos, y optimizar rutas de inversión.
En 2024, la inversión pública en infraestructura representó solo 3.1 % del PIB, lejos del 4.5 % alcanzado en otros años. Para 2025, se visualiza una caída a 2.3 %, lo que implica un recorte de más de 120 mil millones de pesos respecto al año anterior en la construcción de obras que requiere la sociedad y el país. Sólo entre enero y mayo de 2025, 217 mil millones de pesos dejaron de invertirse, representando el 70.1 % del ajuste fiscal realizado en ese periodo.
La lección es clara: Un contexto fiscal restrictivo exige inteligencia colectiva, los recursos públicos no alcanzan, pero los proyectos bien planeados sí atraen capital privado mexicano e internacional sin riesgos para su recuperación.
El Colegio de Ingenieros Civiles de México cuenta con 13 comités técnicos en todas las especialidades relacionadas con la Ingeniería Civil, entre otras Planeación, Estructuras y materiales de nueva generación, Resiliencia, Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad, Energía, Tecnología, Transporte y Movilidad, Desarrollo Urbano, Financiamiento y Marco Legislativo entre otros; a través de ellos y sus grupos de expertos, ponen a disposición del gobierno, la sociedad y los inversionistas un acervo de conocimiento técnico, regulatorio y estratégico único en el país.
El Colegio participa en el establecimiento de políticas para desarrollar la planeación de la infraestructura y la definición de proyectos, hasta la formulación de normas, la capacitación en tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial y el acompañamiento de iniciativas estratégicas, el CICM puede y debe ser un aliado clave para garantizar que cada peso invertido en infraestructura se traduzca en bienestar real para la población.
Invertir hoy sin visión ni tecnología es hipotecar el mañana. Pero invertir con inteligencia, con planeación rigurosa y herramientas de última generación, es sembrar el futuro.
El Colegio de Ingenieros Civiles de México, en conjunto con otras 9 organizaciones afines, han formado el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI México) que se plantea como un apoyo a la Planeación de la infraestructura que el país requiere y puede proporcionar elementos decisivos para la toma de decisiones gubernamentales.
México necesita una política de infraestructura basada en evidencia, sostenibilidad, innovación y responsabilidad social. El CICM reafirma su compromiso con este objetivo y llama a todos los actores —gobierno, academia, sociedad civil, sector privado— a construir juntos una nueva generación de proyectos que transformen el país.
