Por: Ricardo Martínez Lagunes
Miembro del Comité Técnico del Agua del CICM
El próximo año el Programa Nacional Hídrico 2020-2024 culminará su vigencia. De acuerdo con la Ley de Planeación, se deberá iniciar el proceso de integración de un nuevo programa que definirá metas para el año 2030. Uno de los principales desafíos es, como lo indica el programa actual, garantizar progresivamente los derechos humanos al agua y al saneamiento (DHAS), especialmente en la población más vulnerable. Los DHAS fueron reconocidos en el seno de la Asamblea General de la ONU en 2010. Además, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados en 2015, los países adquirieron el compromiso de lograr, para el año 2030, acceso universal a los servicios de agua potable y saneamiento de forma equitativa y segura para todos.
Actualmente menos del 60% de los mexicanos recibe diariamente en sus predios agua potable de calidad, por lo que no será fácil cumplir cabalmente la meta del ODS. La prestación de los servicios de agua potable y saneamiento es responsabilidad de los gobiernos municipales, según lo establece el artículo 115 constitucional. Cada municipio se organiza de forma distinta para prestar los servicios, ya sea directamente, o a través de organismos operadores, y en muy pocos casos, a través de concesiones a empresas privadas.
En el país operan del orden de 700 organismos operadores de agua potable y saneamiento que atienden a aproximadamente 930 municipios, donde habita el 75% de la población. Gran parte de estos organismos operan con niveles muy bajos de eficiencia y sus finanzas no les permiten invertir para ampliar y mejorar los servicios. Los municipios que no cuentan con organismo operador, o las poblaciones rurales que salen de su ámbito de cobertura, se encuentran en una situación mucho menos favorable.
En gran parte de la República, especialmente en el centro y norte, la extracción de agua subterránea supera la recarga de los acuíferos, lo que afecta especialmente los DHAS de las comunidades rurales, que a menudo dependen de pozos de agua. Se requieren acciones del gobierno federal para que los usuarios utilicen únicamente los volúmenes que tienen concesionados, e incluso para reducir estos volúmenes para ajustarse a la disponibilidad efectiva de agua en cada acuífero y cuenca hidrológica, lo cual es posible mediante un uso más eficiente del agua.
En 2022 menos del 67% del agua residual colectada en sistemas de drenaje y alcantarillado recibía algún tipo de tratamiento. Como consecuencia, gran parte de los ríos, arroyos y lagos de México se encuentran contaminados, lo que afecta especialmente los DHAS de poblaciones, principalmente rurales, que obtienen su agua sin posibilidades de tratamiento previo a su uso.
Las sequías que recurrentemente se presentan en el país agudizan los problemas anteriores al reducirse el agua disponible para los diferentes usos, lo que afecta de manera particular a la agricultura, que ocupa aproximadamente el 76% del agua que se extrae para los diversos usos. De igual forma, los excesos de agua en años húmedos requieren de un control adecuado de los caudales adicionales.
Para solucionar los problemas mencionados y lograr las metas planteadas se requieren acciones sin precedentes para fortalecer a los organismos operadores de agua potable y saneamiento, para dar atención específica a las comunidades rurales, para administrar las aguas nacionales de forma eficaz, para realizar obras que permitan incrementar las fuentes de agua y lograr su uso más eficiente, especialmente en el riego de cultivos y en las ciudades.
Se requiere un esfuerzo continuo, que solo será posible si se logra un amplio consenso que se materialice, por ejemplo, en un Plan Hídrico de Gran Visión respaldado por diversos actores. Es insuficiente un programa hídrico del gobierno federal. Debe multiplicarse el presupuesto de egresos de la federación con aportes de los gobiernos estatales y municipales, así como la recaudación de las tarifas de agua potable y saneamiento, entre otras fuentes de financiamiento. Es necesario un proceso transexenal que permita destinar los suficientes recursos humanos, materiales y económicos al tema del agua, antes de que la crisis se agudice más, especialmente ante los escenarios de cambio climático y de crecimientos poblacional y económico.
