Por: Ricardo Martínez Lagunes
Coordinador Adjunto del Comité del Agua del CICM
La información oficial muestra avances significativos en la reducción de la pobreza en México. Según los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), elaborada cada dos años por el INEGI, la población del país en situación de pobreza pasó de 52.2 millones de personas en 2016 a 38.5 millones en 2024. La pobreza se evalúa de manera multidimensional, considerando tanto los ingresos familiares como diversas carencias, entre las que figuran la educación, la salud, la nutrición y los servicios básicos en la vivienda,
Para medir las carencias por servicios básicos, se considera el acceso a:
· Energía eléctrica
· Chimenea para cocinar, si se usa como combustible carbón o leña
· Agua entubada
· Drenaje sanitario
La falta de cualquiera de estos servicios se considera una carencia que afecta directamente el bienestar de los habitantes.
De acuerdo con la metodología vigente desde 2016, sólo el 0.2 % de la población no tiene acceso a energía eléctrica en su vivienda. En contraste, el 9.7 % carece de chimenea para evacuar el humo al cocinar con leña o carbón, el 3.5 % no dispone de agua entubada y el 4.9 % no cuenta con drenaje sanitario. En conjunto, el 14.1 % de la población presenta al menos una de estas carencias, y más de la mitad de este grupo no tiene acceso al agua y/o al drenaje sanitario.
La metodología oficial actual evalúa únicamente la existencia de infraestructura, sin capturar la calidad de los servicios. Sin embargo, la ENIGH incluye variables que permiten aproximarse a esta dimensión: por ejemplo, si el suministro de agua es diario, si la vivienda cuenta con taza de baño y si ésta se comparte con otras viviendas.
Teniendo en cuenta lo anterior, solo el 56% de la población cuenta diariamente con servicio de agua entubada y simultáneamente tiene drenaje sanitario conectado a la red o fosa séptica con excusado no compartido con otra vivienda. Esto significa que, si se consideran los aspectos mencionados, la población con carencia por servicios básicos en la vivienda pasaría de ser el 14.1%, como se mide actualmente, a 46.7%. Un incremento dramático, pero realista si consideramos que el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento son derechos sociales fundamentales.
Además de vulnerabilidad por carencia social, la falta de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento genera gastos adicionales para las familias. De acuerdo con la ENIGH, en 2024 los hogares del país gastaron 9 mil 400 millones de pesos en el servicio de pipas de agua para abastecer a las viviendas, lo que equivale al 13% de lo que los hogares pagaron por las facturas de agua potable y saneamiento.
Aunque no siempre directamente relacionado con el servicio de agua potable, el consumo de agua embotellada está vinculado a la calidad del servicio de agua. En este sentido, de acuerdo con la ENIGH, los hogares del país gastaron 36 mil millones de pesos en agua natural embotellada.
La falta de servicio continuo de agua también afecta al equipamiento de las viviendas y por ende a su costo. De acuerdo con la ENIGH, en 2024 el 62% de las viviendas contaban con tinaco en la azotea. Destacan los casos extremos de Baja California, donde solo el 10% de las viviendas tienen tinaco, mientras que en Zacatecas el 92% de las viviendas lo poseen. En general, en el país se observa a lo largo de los años un incremento en la proporción de viviendas con tinaco de agua en la azotea.
En resumen, los servicios de agua potable y saneamiento son esenciales para erradicar la pobreza. No solo es necesario construir infraestructura para conectar a todas las viviendas a las redes de agua potable y alcantarillado, algo en lo que se ha avanzado mucho, sino que debe trabajarse en todos los aspectos relacionados con la calidad del servicio, que es responsabilidad constitucional de los gobiernos municipales, pero en los que todo el Estado y sociedad deberían contribuir.
Se requieren cambios que permitan que las entidades encargadas de prestar los servicios de agua potable y saneamiento cuenten con la capacidad técnica y operativa necesaria para prestar los servicios con calidad y eficiencia. Las tarifas por los servicios, y los diversos subsidios, deben ser suficientes para la operación adecuada de los sistemas y para invertir en el reemplazo y ampliación de la infraestructura. La mejora de los servicios de agua potable y saneamiento es clave para una reducción real de la pobreza multidimensional en México.
