Ing. Ricardo Erazo García Cano Coordinador del Comité de Financiamiento del CICM
En los primeros días del mes de abril, el Gobierno Federal presentó el Plan México: Fortaleciendo la economía y el bienestar. Este documento fue presentado en el contexto del anuncio de cambios radicales de las políticas arancelarias de Estados Unidos. Se presentan cifras encaminadas a difundir fortaleza económica de México y cinco acciones estratégicas para: Fortalecimiento del mercado interno y el salario, Aumentar la soberanía alimentaria, Aumentar la soberanía energética, Aumentar la producción nacional y disminuir importaciones de países con los que no tenemos tratado y Fortalecer los Programas de Bienestar.
Ya en el detalle de las estrategias incluidas en el Plan México, se habla de acelerar la obra pública en carreteras, en agua, trenes, puertos y aeropuertos, escuelas y hospitales y proyectos de inversión mixta en carreteras y puentes, con una generación esperada de al menos 500 mil empleos directos en 2025. En este editorial se analiza la forma en que todo esto será financiado, para opinar si en verdad se está dando ese factor energizante a las inversiones en infraestructura de carreteras, agua y trenes, para poder alcanzar la meta de generación de empleos y sentar las bases de fortalecimiento de la economía y el bienestar.
Primeramente, el planteamiento de acelerar la obra pública en carreteras consiste en atender 44 mil kilómetros de mantenimiento de la red federal de carreteras, iniciar 8 proyectos de construcción y ampliación de carreteras por 1,970 km, iniciar la construcción de 11 distribuidores viales en diversas ciudades del país, y la construcción de 114 caminos artesanales para pueblos originarios, todo esto en 2025.
Pareciera una cobertura muy amplia de acciones para dinamizar las inversiones en infraestructura carretera pero, se visualiza que será necesario poner en marcha un gran programa de licitaciones de obra pública (de las cuales al menos las de conservación y mantenimiento ya están en proceso), pero el respaldo con presupuesto es donde aparentemente no hay consistencia, pues los recursos aprobados para estos programas en 2025 fueron inferiores a los requeridos y por lo tanto, las metas a contratar, cuando se habla de iniciar construcción de carreteras o puentes o caminos, serán también menores a las requeridas.
Respecto a la obra pública en infraestructura de agua, ahí se plantea para 2025 acelerar la licitación de 37 proyectos estratégicos de agua que incluye tecnificación de distritos de riego, saneamiento de
ríos y obras mayores. Nuevamente se requiere consistencia y respaldo con asignación de recursos públicos presupuestales. Lo que se sabe es que los principales esfuerzos de CONAGUA se han enfocado a la revisión y reorganización del sistema de concesiones de aprovechamiento, pero poco se conoce respecto a que se haya intensificado un programa de licitaciones de obra pública.
Continuamos con trenes, ahí se habla de acelerar obra pública con el inicio en este mes de la construcción de los trenes de pasajeros Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro, así como acelerar la licitación del tren Querétaro-Irapuato; Saltillo-Nuevo Laredo y el inicio en abril del Tren Maya de carga, incluido el tramo a Progreso, Yucatán, así como 178 kilómetros del tren interoceánico. Aquí sí que hay recursos presupuestales autorizados en 2025; nos guste o no la ejecución de estas obras por la SEDENA, la realidad es que así está ocurriendo y pareciera que los plazos establecidos para el programa de trenes si serán cumplidos, claro, dado el amplio respaldo presupuestal a este programa. Sin embargo, eso no es considerado una acción que dinamiza o fortalece la economía y el bienestar pues la ejecución de estos programas ha dejado fuera, sin participar, sin trabajo, a muchas empresas de ingeniería, de supervisión, de gerencia de proyectos y constructoras entre otras.
Hasta aquí, las acciones para acelerar la obra pública de diversos tipos de infraestructura tienen un factor común que pudiera contribuir a acelerar al menos los procesos de licitación, que es la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) aprobada recientemente, la cual contiene elemento para hacer más dinámicos y eficientes los procesos de contratación que pueden significar un avance en los tiempos necesarios, aunque dicha Ley no incluye el reforzamiento de aspectos como la aplicación de la gerencia de proyectos y la ingeniería de valor.
Finalmente, en lo relativo a acelerar la obra pública con proyectos de inversión mixta, se plantea en este año el inicio de la construcción de 7 proyectos de ese tipo en carreteras y puentes. Aquí se debiera tener en cuenta que dos factores frenan el desarrollo de este tipo de proyectos: el primero el tratamiento de las inversiones mixtas ya que a la fecha no se cuenta con un marco regulatorio expedito e indispensable para ello, es decir la nueva Ley de Inversiones Mixtas para el Bienestar (LIMB) que no se ha aprobado; el segundo factor es el tiempo, relevante para todos los proyectos de infraestructura pero más para los de este esquema de financiamiento de coinversión pública-privada, ya que requieren muchos estudios para su preparación, complejos trámites para su autorización y la concurrencia de un marco jurídico sólido y una estrategia clara de gestión de riesgos, pero no parece estarse avanzando en ese sentido.
En conclusión, las acciones estratégicas que se plantean para el fortalecimiento de la economía y el bienestar en el Plan México, son realizables siempre que se lleven a cabo las acciones complementarias que se comentan sintéticamente en esta columna para dar el efecto energizante y de mayor dinamismo a las inversiones en infraestructura; se está avanzando pero las
circunstancias actuales exigen consideración de elementos complementarios como ya se han propuesto.
