Por Rubén López Barrera
Miembro del Comité de Financiamiento del CICM
El cambio climático es el desafío global más ambicioso de nuestros tiempos. El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC1, por sus siglas en inglés) revela que el aumento de la temperatura promedio ha causado alteraciones irreversibles en los patrones climáticos y los equilibrios de los ecosistemas. El consenso científico muestra que esto es resultado, primordialmente, de la emisión continua de Gases de Efecto Invernadero (GEI), producto por la actividad humana.
Aunque la acción individual es sin duda esencial, el sector privado es clave en hacer frente a la crisis climática. Las empresas debemos abordarlo -junto con otros retos de sostenibilidad, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad- como un riesgo que podría afectar nuestras operaciones y la viabilidad de nuestros proyectos en el corto y largo plazo.
Asumir nuestras responsabilidades corporativas en materia de sostenibilidad de forma proactiva también abre la oportunidad de garantizar nuestra rentabilidad en el largo plazo, y más en el sector de infraestructura, donde buscamos generar valor desde la planificación, diseño y gestión de nuestros activos. Asimismo, las empresas deben renovar su licencia social para operar en contextos globales y locales caracterizados por demandas más claras por parte de los ciudadanos y los consumidores. Tendencias regulatorias como la creación de sistemas de intercambio de emisiones, impuestos al carbono o aranceles verdes también están generando incentivos claros hacia la reducción de impactos ambientales.
La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (principal agencia de la ONU en la materia) ha trazado el rumbo que debemos seguir y ha propuesto metas claras; indicando que debemos limitar el calentamiento del planeta por debajo de 1.5°C, si deseamos reducir los impactos más catastróficos del cambio climático. Para ello, nuestros esfuerzos de reducción de emisiones, o mitigación, deben llegar a una magnitud del 40-45% hacia 2030 y a emisiones netas iguales a cero en 2050.
Pero también debemos hablar de adaptación. Con corte al 2022, la temperatura global ha aumentado más de 1.1°C, según el último reporte del IPCC. Los impactos ya son tangibles: la reaseguradora SwissRe muestra que, en 2022, las pérdidas globales por los daños que causan los desastres naturales en activos físicos e infraestructura ascienden a 275 mil millones de dólares anuales.2
Uno de los grandes emisores del mundo es el sector transporte, que contribuye con cerca del 37% del total de GEI.3 Más de 3/4 partes de estos gases provienen de los vehículos de combustión interna que circulan por calles y autopistas alrededor del mundo. En México, el sector autotransporte contribuye cerca del 25% del total de contaminantes climáticos, de acuerdo con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.4
Es tiempo de unir esfuerzos para que juntos enfrentemos este reto y, para lograrlo, debemos desarrollar estrategias de sostenibilidad con dos líneas de acción, que por un lado incorporen acciones de mitigación de emisiones y, por otro, de adaptación y resiliencia a los impactos del cambio climático.
La industria de Infraestructura debe sumarse al reto de reducir cuando menos el 40% de emisiones para 2030 (como ya lo están haciendo algunas empresas) y buscar llegar al cero neto para el 2050. Una estrategia de mitigación se basa en medir emisiones y reducirlas a través i) del uso de energía renovable, ii) la descarbonización de las flotas vehiculares y iii) poner en marcha medidas de eficiencia energética en edificios y oficinas.
En cuanto a adaptación, se debe llevar a cabo un diagnóstico de vulnerabilidad ante efectos de cambio climático de la infraestructura y, con base en éste, desarrollar una estrategia que permite a la industria identificar, cuantificar y gestionar riesgos físicos y transicionales asociados a efectos del cambio climático. Además, a través de talleres y comunicación se debe fortalecer el conocimiento y la conciencia climática entre todos los colaboradores de las empresas, así como de los usuarios finales.
El sector de transporte e infraestructura debe catalizar cambios significativos con estrategias claras y cuantificables que prioricen la sostenibilidad ambiental e integren otros objetivos, como la seguridad vial, el impacto positivo en las comunidades y la integridad en los negocios. Y es que solo juntos, podremos alcanzar las metas que nos hemos planteado como país.
