1.- El exrector de la UNAM, Enrique Graue, y el exdirector de la FES Aragón, Fernando Macedo Chagolla, fueron sentenciados por una jueza de la Ciudad de México a pagar una indemnización de 15 millones de pesos por daño moral a Martha Rodríguez Ortiz, directora de varias tesis plagiadas en la universidad más importante del país, entre ellas la de la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel. El delito de ambos fue haberse atrevido a ordenar una investigación en las irregularidades encontradas por el escritor Guillermo Sheridan, en una nota publicada por Latinus, en diciembre del 2022.
La noticia provocó un desplegado de 300 académicos de prestigio, quienes denunciaron el castigo para quien cumplió con su deber y un beneficio para quien fue cómplice de una trampa. Ambos afectados apelaron y el asunto estará por resolverse.
2.- El empresario veracruzano Arturo Castagné, conocido a nivel nacional por exponer el enriquecimiento ilícito y la corrupción de Rocío Nahle como secretaria de Energía, durante la campaña electoral por la gubernatura de Veracruz, fue sentenciado a pagar 14 millones de pesos por daño moral contra la hoy gobernadora.
Una jueza de distrito del estado consideró que la información difundida sobre propiedades y recursos fue falsa y sin sustento, a pesar de la lista de propiedades de lujo reveladas en Veracruz, Monterrey y Tabasco. Castagné aseguró que nunca fue citado a audiencia. Declaró que la razón y las pruebas estaban de su lado y que ya no hablaría más del asunto.
3.- En este mismo espacio revelé las denuncias de vecinos contra la hoy ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres Guadarrama, señalada de dejar adeudos por el cuarto que rentaba en una vecindad de la avenida Parque Lira, en la Ciudad de México, antes de que vistiera de toga.
Batres armó una demanda en mi contra, pero fue desechada porque la presentó ante el juez incorrecto. Con ese nivel de conocimiento jurídico, más tarde le alcanzó para llegar al máximo tribunal del país.
¿Qué tienen en común estos casos? Es una estrategia y tiene nombre. Se llama SLAPP. Strategic Lawsuits Against Public Participation. En español: Demandas estratégicas contra la participación pública.
El término nació en la década de 1980, de la cabeza de George Pring y Penélope Canan, profesores de la Universidad de Denver. Se aplica para acciones judiciales interpuestas por personajes con alto grado de poder, funcionarios, oficinas de gobierno o empresas con el objetivo de silenciar a las voces críticas e intimidarlas con el pago de millonarios recursos. En pocas palabras: enseñarle a otros lo que puede sucederles, y sobre todo lo que les costará, si se meten conmigo.
Las SLAPP´s sirven para inhibir los actos de participación pública. En Europa, por ejemplo, han nacido distintas iniciativas para contrarrestarlas. En 2020, la Comisión Europea financió un plan para capacitar a abogados y enfrentar estas prácticas abusivas. En cambio, acá en México viene una elección judicial que le dará más poder al poder, como dice la canción de Molotov. El resto de la estrofa, es conocido por todos.
Stent:
En medio del discurso de un gobierno que dice proteger a los mexicanos en el exterior, cientos de empleados locales de distintos consulados en Estados Unidos no han recibido su sueldo desde hace un mes. El argumento es que Hacienda no les manda recursos.
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