El llamado a la unidad nacional frente a las amenazas que representa para México la segunda administración Trump revela una contradicción fundamental: quienes sistemáticamente han negado la legitimidad de quienes piensan distinto ahora la acreditan para buscar su respaldo. La convocatoria, en sí misma, es un reconocimiento a la pluralidad democrática de nuestro país.
Frente a la nueva realidad en Estados Unidos, es indispensable hacer una distinción entre los desafíos gubernamentales, los desafíos de Estado y los desafíos de carácter nacional que trascienden nuestras legítimas diferencias.
El gobierno tiene responsabilidades específicas: le corresponde atender la coyuntura con acciones estratégicas. En materia migratoria, evitar una potencial crisis fronteriza y garantizar la protección consular de nuestros connacionales. Si se concreta la amenaza arancelaria, acudir a los mecanismos de solución de controversias del T-MEC para defender los intereses de México. En materia de seguridad, proponer esquemas de cooperación para atender los retos compartidos sin comprometer la soberanía territorial.
Los desafíos de Estado exigen la actuación coordinada del poder público en los tres órdenes de gobierno. El fortalecimiento de capacidades para gestionar la movilidad en las zonas fronterizas; la actualización de nuestra obsoleta política migratoria; la integración social, económica y cultural para los mexicanos en retorno; la coordinación en materia de seguridad pública. Un factor clave será la reconstrucción de la seguridad jurídica a partir del cumplimiento efectivo de nuestras propias normas y compromisos internacionales.
Sin embargo, México también enfrenta desafíos estructurales que rebasan los alcances y límites de la acción pública. Estos retos de alcance nacional exigen cambios profundos que trascienden administraciones. La necesidad de diversificar nuestras alianzas comerciales internacionales sin afectar a las cadenas de valor regionales; la debilidad del Estado de derecho, con todas sus implicaciones; o las brechas de desigualdad social que siguen contribuyendo a incrementar los flujos migratorios son sólo algunos ejemplos.
En sólo tres días, México ya enfrenta las primeras consecuencias del segundo mandato del presidente Trump. La unidad es una necesidad pragmática. Todos tenemos un rol que desempeñar, por encima de nuestras diferencias. Los gobiernos locales, la iniciativa privada y el sector social deben participar en la construcción de acuerdos para definir políticas de Estado en materia migratoria, económica y de seguridad. En las oposiciones hay una innegable reserva de capacidad probada, solvencia técnica y experiencia real que puede ser un activo para la toma de decisiones en momentos críticos.
La unidad nacional no puede construirse sobre la base de un monólogo oficial, ni interpretarse –desde la pluralidad política– como el respaldo irrestricto a todas las decisiones de la actual administración. En el Congreso Federal, dicha unidad pasa por construir una agenda legislativa que considere no sólo las prioridades del Ejecutivo, sino también las causas y agendas de las minorías que representan a cuatro de cada diez ciudadanos.
La unidad que México necesita debe fundarse en un diálogo auténtico, que reconozca la legitimidad de todas las voces para construir sobre la riqueza de su diversidad. Sin ese diálogo plural, la convocatoria no es más que un simple recurso retórico. Los desafíos nacionales que enfrenta nuestro país exigen mucho más que eso.
Diputada federal
