Finalmente, tras postergar en varias ocasiones la presentación formal de su iniciativa de reforma electoral, la titular del Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados la versión definitiva. Sin entrar aún en su contenido e implicaciones, la dilación misma es reveladora: las normas electorales no son asunto menor.
Son las reglas que deciden cómo se accede al ejercicio del poder, quién puede competir por él, en qué condiciones, cómo se distribuyen los espacios de toma de decisiones y qué garantías existen para los resultados emanados de las urnas. De ahí que su modificación exija, más que una mayoría aritmética en el Congreso Federal, una legitimidad de origen, sustentada en un auténtico consenso plural.
El PRI, entonces partido hegemónico, lo entendió así —a su manera, con sus tiempos y no sin resistencias— cuando fue abriendo gradualmente el sistema en la segunda mitad del siglo XX. Más que generosidad democrática, fue la comprensión de que mantener la legitimidad requería incorporar a las fuerzas políticas que, por diseño, el sistema mantenía fuera.
Emprender un proceso en sentido inverso, como ahora se pretende, es otra cosa. La pluralidad no desaparece sólo porque una mayoría decida ignorarla. La exigencia de un consenso en el planteamiento de una reforma electoral no es ingenuidad de las minorías, sino una necesidad pragmática.
La razón es esencial: el control de las normas electorales es un paso indispensable para controlar el diseño constitucional. Las cuestionables reformas a la Norma Suprema de los dos años pasados dan cuenta de ello. Así, alterar los medios de acceso al poder es equivalente a alterar el pacto fundacional; y pretender cambiar ese pacto sin consensos implica estar dispuesto a fracturarlo.
Esta coyuntura ha representado un golpe de realidad para el oficialismo: la coalición de tres partidos obtuvo apenas un poco más de la mitad de los votos en 2024. Su representación parlamentaria actual ni siquiera es resultado de la expresión ciudadana en las urnas. No obstante, sobre esa base se plantea imponer un rediseño fundamental del sistema electoral y la representación política, incluso contra los intereses de los propios aliados del gobierno, que no se han alineado con los lineamientos socializados públicamente.
Estamos ante una coalición con pretensiones hegemónicas, sí, pero aún lejos de ser una hegemonía consolidada. La diferencia, en términos de capacidad real, importa mucho más de lo que el gobierno calculó.
Con todo, vivimos un momento complejo: las minorías parlamentarias no tenemos las herramientas necesarias para impugnar una reforma legal, pero entre las y los legisladores de la mayoría tampoco parece haber condiciones para aprobar una reforma constitucional en los términos que quiere el gobierno; incluso se ha hablado de un “plan B”.
Los sistemas que rediseñan las reglas del juego excluyendo a la pluralidad se vuelven frágiles porque la realidad siempre se impone. Tarde o temprano, esa realidad obligará a pactar lo que no se pactó de origen.
Diputada federal
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