En cinco semanas, Claudia Sheinbaum rendirá protesta como la primera mujer presidente en la historia de nuestro país. La próxima titular del Ejecutivo anunció el establecimiento de la Secretaría de la Mujer. También se ha comprometido a constitucionalizar el principio de igualdad sustantiva entre los géneros, así como la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Es innegable que la llegada de una mujer a la Presidencia es un triunfo simbólico en la lucha por la igualdad y el empoderamiento de las mexicanas. Sin embargo, ese triunfo exigirá un compromiso permanente, prioridades claras y acciones decididas para traducirse en resultados concretos en favor de las mexicanas. No es un momento de celebrar en la comodidad de las metas alcanzadas, sino de reconocer los desafíos pendientes que nos impiden vivir en un México verdaderamente igualitario.
Las primeras legislaturas paritarias en la historia del Congreso no sólo permitieron reflejar con justicia la realidad demográfica de nuestro país, también hicieron valer esa representatividad con hechos. En los últimos seis años, logramos acuerdos unánimes para darles a las mexicanas un piso más parejo. Hemos aprobado reformas constitucionales y legales que han permitido, entre otros avances, la paridad en todo; el reconocimiento de derechos laborales y la protección de las mujeres frente a distintas formas de violencia.
Sin embargo, el camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres aún presenta pendientes significativos. Quizás el más importante sea transitar, efectivamente, de la igualdad jurídica a la igualdad sustantiva. La brecha entre la ley y la realidad persiste para millones de mujeres mexicanas que enfrentan barreras, resistencias y prejuicios que les impiden ejercer sus derechos.
Coincido en la necesidad de consagrar el principio de igualdad sustantiva en nuestra Constitución: una reforma que, de hecho, el Senado ya aprobó por unanimidad hace más de dos años, pero que aún aguarda su trámite en la Cámara de Diputados. Este cambio constitucional representaría un mandato supremo para que las autoridades en los tres órdenes de gobierno reconozcan, garanticen y hagan efectivos nuestros derechos, más allá del simple reconocimiento formal.
Otro pendiente impostergable es atender la persistente desigualdad salarial entre hombres y mujeres. A pesar de que el principio de igualdad salarial está reconocido en la Norma Suprema desde 1917 y respaldado por la Ley Federal del Trabajo, en los hechos las trabajadoras mexicanas reciben, en promedio, 84 pesos por cada 100 que perciben sus pares masculinos por el mismo trabajo. Ya existen iniciativas con ese propósito, que la próxima Legislatura podría actualizar.
La coincidencia de objetivos entre un Congreso de la Unión paritario y la próxima administración federal abre una ventana de oportunidad; pero, sobre todo, un espacio de responsabilidad compartida que nos exige darle un impulso renovado a la agenda de las mujeres mexicanas.
Hacer realidad la igualdad sustantiva, más allá de logros simbólicos, requiere una visión de Estado que trascienda intereses partidistas y haga de esta agenda una prioridad nacional que permita conquistar cada vez más resultados tangibles. Sólo entonces habrá razones para celebrar.
Senadora de la República
