Imaginemos una casa equipada con la mejor tecnología de seguridad y vigilancia, pero con las cerraduras menos confiables del mercado. Esa es la realidad que se configura con la CURP biométrica, la LlaveMX y la Plataforma Central de Inteligencia: herramientas que prometen eficacia, eficiencia y seguridad, pero que se harán realidad en un contexto lleno de riesgos.
Los decretos publicados el pasado 16 de julio crean un sistema de control digital sin precedente. La CURP biométrica concentrará iris, huellas dactilares e imagen facial de la población en la Plataforma Única de Identidad. La LlaveMX será una ventanilla digital unificada para trámites del gobierno federal. Por su parte, la plataforma de inteligencia otorgará a las instituciones de seguridad acceso irrestricto a información pública y privada, incluyendo registros comerciales, financieros y de salud, sin orden judicial de por medio.
Desde el oficialismo, se ha argumentado que estas herramientas revolucionarán la prestación de servicios públicos; permitirán combatir la corrupción, fortalecer las capacidades de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, así como respaldar la lucha contra el crimen organizado. En teoría, sus virtudes son atractivas. En la práctica, están llenas de riesgos.
En primer lugar, el frente de la ciberseguridad. México no sólo destaca como el país con más ciberataques en América Latina, sino también por la gravedad de los incidentes contra el gobierno. Tres casos son ilustrativos: en 2022, Guacamaya Leaks expuso 6TB de información confidencial de la SEDENA. El año pasado, un hackeo a la Consejería Jurídica de la Presidencia reveló datos sensibles de sus colaboradores. La propia LlaveCDMX –antecedente de su homóloga federal– fue comprometida hace unos meses, exponiendo a más de seis millones de usuarios. Hoy, los sistemas gubernamentales no tienen las capacidades necesarias para prevenir ni responder a estas amenazas.
En segundo lugar, la insuficiencia de recursos. En 2018, el INE estimó el costo de crear una base de datos biométricos en al menos 70 mil millones de pesos: un monto similar al presupuesto total asignado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el PEF 2025. Sin embargo, el decreto que crea la nueva CURP se limita a disponer que “la Cámara de Diputados deberá realizar las previsiones presupuestales necesarias” para hacer realidad la plataforma; y esa es sólo una de las nuevas herramientas.
En tercer lugar, la concentración de información en sistemas interconectados multiplica exponencialmente todos los riesgos. Los datos biométricos, por ejemplo, representan una vulnerabilidad permanente: si son robados, es prácticamente imposible evitar que la identidad de las personas también lo sea. Lamentablemente, no podemos ser omisos ante la posibilidad real de infiltración criminal en las autoridades con acceso a estos sistemas.
Finalmente, dicha concentración se vuelve aún más preocupante al considerar los ataques sistemáticos del gobierno contra opositores, periodistas, activistas y ciudadanos críticos. Las nuevas plataformas no sólo enfrentan vulnerabilidades técnicas o insuficiencias presupuestales, sino que podrían convertirse en herramientas de persecución política, permitiendo el monitoreo en tiempo real de movimientos, transacciones, comunicaciones y actividades de las personas.
No debemos temer ni satanizar los avances tecnológicos. La digitalización gubernamental no debe frenarse, pero tampoco puede desplegarse sin garantías de privacidad y seguridad. Es indispensable establecer mecanismos de control, otorgar a las dependencias los recursos necesarios para asegurar la confiabilidad de sus sistemas; y desarrollar capacidades de ciberseguridad que protejan los datos de las personas. México necesita más tecnología, pero también necesita blindarla. La modernización sin garantías no es progreso, es la institucionalización de sus riesgos.
Diputada federal
