Mientras el secretario de Estado Marco Rubio llegaba a nuestro país para su reunión con la presidenta Sheinbaum, una operación aeronaval estadounidense hundía una embarcación venezolana vinculada al narcotráfico en el Caribe. El contraste es inevitable: Venezuela es objeto de un despliegue militar; México navega entre crisis, pero mantiene su relación bilateral en buenos términos.

En los últimos ocho meses, el gobierno mexicano ha mostrado un pragmatismo quizá necesario en el corto plazo, pero insostenible como política permanente. Cada amenaza arancelaria de Trump desencadena acciones en este lado de la frontera: detenciones, operativos contra laboratorios, extradiciones extralegales y gestos de “buena voluntad” que, lejos de proyectar fortaleza, evidencian una dependencia total del timing estadounidense. Hasta ahora, esa dinámica reactiva podría parecer funcional, pero no es conveniente para nuestros intereses.

México proyecta sus acciones como respuesta a presiones externas. Eso implica colocarse de facto en la posición subordinada que supuestamente pretende evitarse. La verdadera soberanía no está en los discursos nacionalistas, sino en la capacidad de definir los términos de la cooperación bilateral desde una posición fortalecida, como un socio estratégico con intereses en común.

En días pasados, una declaración recibió menos atención de la que merecía: el senador republicano Ted Cruz ofreció a México aceptar “como amigos” la ayuda estadounidense en la lucha contra los cárteles. Lo más relevante del mensaje es lo que está implícito: que la alternativa de aceptar voluntariamente esa “ayuda” es sujetarse a una imposición en los términos que la Casa Blanca decida. Más allá de la retórica, la oferta amerita una consideración seria.

La respuesta de la Cancillería —invocando la cooperación sin subordinación y el respeto a la soberanía— si bien comprensible, pierde de vista el fondo del asunto. México no debe rechazar en automático cualquier declaración, por provocadora que sea, para preservar su dignidad nacional; pero sí debe redefinir proactivamente los términos de su cooperación con EE. UU. para ejercer efectivamente su soberanía.

Es falso que nuestro país tenga que decidir entre soberanía absoluta o subordinación total. Hay un amplio margen de acción en el que México puede pactar acciones conjuntas sin comprometer su autonomía. Esto no implica, de ninguna manera, aceptar operaciones militares estadounidenses en nuestro territorio; al contrario, permitiría avanzar hacia mecanismos institucionales de cooperación que trasciendan la lógica del intercambio transaccional impuesta desde Washington.

Sería conveniente que el gobierno mexicano abandone su actitud defensiva y su estrategia puramente reactiva para adoptar una agenda de propuestas propias. La visita del secretario Rubio representaba una oportunidad única para consolidar un acuerdo de cooperación en seguridad fortalecido: un Entendimiento Bicentenario 2.0 o una nueva versión de la Iniciativa Mérida. No sucedió.

Si bien destaca el grupo de alto nivel para dar seguimiento a compromisos específicos, el objetivo central de México debería ser institucionalizar esos entendimientos en un acuerdo formal: con reglas claras, acciones, responsabilidades y plazos bien definidos. Sin ello, seguiremos dependiendo de acuerdos coyunturales que se renuevan –o no– en función de expectativas cambiantes. Si realmente queremos superar la subordinación, debemos dejar atrás la reactividad.

Diputada federal

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