Este martes llegamos al primer tercio de la actual administración . El saldo de la transformación prometida no es alentador: la economía y el empleo han caído mientras que la violencia y la inseguridad han aumentado; la capacidad del Estado para proveer servicios públicos se ha deteriorado, como en el caso del sector salud; agendas como el avance de los derechos de las mujeres, la atención a familiares de víctimas o la protección a periodistas se han abandonado; nuestra democracia y debate público se han empobrecido.

Para justificar sus errores y fracasos, el gobierno suele recurrir a un argumento engañoso pero que ha resultado convincente: culpar al pasado. En la narrativa oficialista, se repite que recibieron un país totalmente destrozado, al que supuestamente han tenido que reconstruir prácticamente desde cero; así se explica la falta de resultados actuales.

Por ello, para hacer un juicio serio de estos primeros dos años, vale la pena saber cuál fue realmente el punto de partida. La realidad es que todos los gobiernos dejan a sus sucesores activos y pasivos, logros e insuficiencias. Es cierto que este gobierno heredó pendientes y retos históricos para el país, como la inseguridad y la desigualdad en la distribución de la riqueza. Sin embargo, no menos cierto es que también heredaron condiciones favorables en muchas áreas, que sin embargo no supieron aprovechar y en buena medida derrocharon.

Por ejemplo, el México que recibió el actual gobierno era un país con un crecimiento económico modesto pero sostenido a lo largo de 22 trimestres consecutivos, con el desempleo en un mínimo histórico de 2.9%. Además, se habían pagado ya los costos políticos de hacer una reforma hacendaria que aumentó la base tributaria en 80%, gracias a lo cual las finanzas públicas dependían cada vez menos de los ingresos petroleros.

El país que recibió esta administración contaba además con una sólida red de protección financiera: reservas internacionales robustas, fondos de estabilización para cualquier emergencia y líneas de crédito flexibles en instancias internacionales.

México tenía un sistema de salud con muchas insuficiencias, pero capaz de atender a millones de personas sin seguridad social, con un fondo específicamente destinado al tratamiento de las enfermedades más graves. Con todas sus limitantes, la salud pública era capaz de garantizar la aplicación del esquema nacional de vacunación, así como la distribución de medicamentos especializados en todo el país.

Incluso las acciones que el hoy gobierno denunció cuando era oposición habían dejado resultados que pudo aprovechar en su proyecto de transformación. La reforma educativa había devuelto la rectoría al Estado en la educación; la energética generaba miles de empleos, posicionó a México como líder mundial en subastas para la producción de energías limpias y creó las condiciones para reducir el precio de las gasolinas.

El gobierno actual heredó tanto pendientes indiscutibles en algunas áreas como cimientos firmes en otras. Así, con el bono de legitimidad que le brindaron los resultados electorales, con los altos índices de popularidad presidencial y con las mayorías parlamentarias en ambas cámaras, este gobierno tenía la oportunidad de emprender verdaderas transformaciones de

alcance nacional. Por ejemplo, una reforma fiscal que fortaleciera las finanzas públicas y contribuyera a la redistribución del crecimiento económico.

Las prioridades con las que la actual administración llegó al poder continúan siendo pertinentes: priorizar a los sectores menos favorecidos, combatir la corrupción y erradicar la impunidad. Sin embargo, 24 meses de gestión ponen en evidencia que incluso la más noble aspiración no es suficiente para suplir un diseño institucional y legal adecuados, una burocracia profesional, así como la solidez de la técnica y la experiencia reflejada en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas.

A la mayoría de los mexicanos nos gustaría poder reconocer buenos resultados, celebrar los logros alcanzados y seguir trabajando para atender los retos pendientes. Nos gustaría que al gobierno le fuera bien, para que a nuestro país le vaya bien. Sin embargo, en el contraste entre expectativas y realidad, se impone la realidad; y la realidad es que las insuficiencias de este primer tercio del sexenio no pueden justificarse culpando sobre todo al pasado: son mayoritariamente el resultado de errores y omisiones propias; tras dos años de ejercicio de poder en los que, por error o voluntad, se han socavado las bases que hubieran permitido una verdadera transformación positiva para el país.

Claudia Ruiz Massieu
Senadora de la República

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