El segundo periodo de sesiones de la LXVI Legislatura en la Cámara de Diputados inició el pasado 1 de febrero, en un contexto por demás complejo. Si el periodo anterior estuvo dominado por la aprobación mecánica y apresurada de reformas constitucionales heredadas del expresidente López Obrador, este nuevo ciclo legislativo promete ser igualmente intenso, pero con desafíos distintos.
La agenda legislativa de la mayoría oficial para los próximos tres meses es sumamente ambiciosa. Por un lado, está definida por la necesidad de traducir las reformas constitucionales en la legislación secundaria, un proceso que requerirá la discusión de decenas de reformas legales. Por otro, se suman nuevas propuestas, como las iniciativas anunciadas ayer por la presidenta Sheinbaum para prohibir la reelección consecutiva y la sucesión inmediata entre familiares en cargos de elección popular; la proscripción constitucional del maíz transgénico; o la iniciativa para facultar al Congreso para la expedición de la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización.
Sin embargo, el arranque del nuevo periodo estuvo marcado por dos discusiones que revelan las verdaderas prioridades del gobierno y sus bancadas. La reforma a la ley del INFONAVIT que –si bien introduce cambios positivos para la política de vivienda– genera preocupaciones legítimas por el control gubernamental de los ahorros de los trabajadores. Más preocupante ha sido el proceso de selección de aspirantes a ministras y ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina. Una penosa jornada en el Senado de la República evidenció que el único criterio para la selección fue la afinidad política de los aspirantes con el oficialismo. La captura del Poder Judicial sigue su curso.
Por supuesto, el Congreso de la Unión no está exento del impacto nacional de la agenda internacional. El regreso de Trump al poder ha obligado a reevaluar el orden de importancia de las propuestas legislativas. En la Comisión de Puntos Constitucionales, por ejemplo, se aplazó indefinidamente la discusión sobre la prohibición del maíz transgénico. La prudencia es comprensible, pues aprobar una propuesta potencialmente violatoria del T-MEC podría incrementar aún más las tensiones en la relación bilateral.
Lamentablemente, reformas cruciales como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales siguen siendo postergadas, a pesar de gozar de un amplio consenso social y el respaldo de prácticamente todas las minorías parlamentarias, incluso de legisladoras y legisladores de la mayoría. Esta situación ejemplifica el problema fundamental en la Cámara de Diputados: la cada vez más arraigada tendencia del oficialismo, que impone su agenda sin considerar las propuestas de las oposiciones, ni las necesidades y exigencias de los sectores sociales.
Así, el verdadero desafío para este nuevo periodo de sesiones no radica en la gestión de una agenda sobrecargada o en la redefinición de prioridades frente a la incertidumbre del escenario internacional. El reto fundamental es –y seguirá siendo– cambiar la forma en la que se entiende y se ejerce la función legislativa. Es urgente abandonar la práctica sistemática de imponer decisiones por la fuerza de la mayoría sin un diálogo genuino con las minorías y con la ciudadanía a la que representamos.
La legitimidad del proceso legislativo no depende sólo de la formalidad de las votaciones, sino también de la calidad del debate; pero, sobre todo, de la construcción de consensos auténticos, con la participación de la pluralidad política. El segundo periodo de sesiones es una oportunidad para legislar con visión de Estado, con una convicción democrática, priorizando el interés nacional sobre las agendas partidistas. Ojalá que aprovechar esa oportunidad fuera una de las prioridades del oficialismo.
Diputada federal
