Las protestas contra la llamada “gentrificación” en la Ciudad de México fueron escenario de expresiones xenófobas, daños a establecimientos y espacios públicos, entre otros actos violentos que deben ser condenados categóricamente. Porque ninguno de esas conductas es una respuesta legítima, ni mucho menos útil, para atender el problema real de falta de acceso a la vivienda.
En cambio, vale la pena promover un debate serio sobre las causas de fondo que motivan el enojo y preocupación de muchas personas que, efectivamente, no encuentran alternativas dignas para rentar o adquirir un patrimonio inmobiliario adecuado para ellas y sus familias.
La crisis habitacional que enfrentan distintas ciudades del país es compleja y tiene causas estructurales: normas desactualizadas, falta de planeación urbana, insuficiencia en la oferta de nuevas viviendas, procesos burocráticos innecesariamente desgastantes, entre otros obstáculos, han creado un mercado inmobiliario desequilibrado, deficiente e insuficiente.
En la Ciudad de México es innegable que una parte significativa de la población ha tenido que emigrar hacia las periferias en búsqueda de vivienda más económica, pero desde donde deben realizar traslados largos y costosos, así como padecer una infraestructura deficiente de servicios. Paradójicamente, la falta de planeación urbana ha marginado a esas zonas satelitales, creando un círculo vicioso de pauperización. Esos retos también deben ser parte de la discusión.
Hace unos años. dediqué mi tesis doctoral a analizar la efectividad del derecho a la vivienda en México. Ahí señalo que uno de los problemas de fondo radica en que tradicionalmente el Estado ha asumido el papel de gestor para la adquisición de viviendas, en lugar de ser el garante de un derecho fundamental, que facilite su ejercicio mediante una estrategia integral. Por ello, la reforma constitucional para reconocer la vivienda como un derecho de todas las personas es un paso en la dirección correcta. También lo es la creación de esquemas de arrendamiento social en el INFONAVIT: una medida positiva entre las muchas criticables que se incluyeron en la reforma a la ley del Instituto.
Para seguir avanzando, es momento de abandonar la idea de un Estado proveedor –limitado por sus propios recursos– para transitar hacia estrategias que permitan a un mayor número de personas gozar del derecho a una vivienda adecuada. Por ejemplo, mediante instrumentos de asociación con el sector privado, o formas alternativas de posesión.
Es indispensable balancear un modelo inequívocamente respetuoso de la propiedad privada con el reconocimiento de la función social de la propiedad, para prevenir anomalías del mercado como la especulación, el acaparamiento o el abandono de inmuebles. En todo caso, el gobierno debe garantizar el Estado de derecho y la certidumbre jurídica para todas las partes: dueños, arrendadores, arrendatarios, inversionistas.
Finalmente, precisamente porque es un fenómeno complejo y estructural, con inercias que vienen de muy atrás, tanto su debate como las políticas públicas requieren un diálogo plural con la participación de todos los sectores. Es necesario actualizar regulaciones obsoletas, simplificar procesos burocráticos, crear incentivos para la construcción de vivienda inclusiva y, en fin, consolidar un modelo de desarrollo inmobiliario responsable.
No debemos perder de vista que la vivienda es, ante todo, un derecho fundamental. Una solución real, de largo aliento, debe tener como propósito garantizar que todas y todos puedan ejercerlo.
Diputada federal
