El martes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación celebró su última sesión con el diseño que la definió durante tres décadas. En los próximos días, rendirán protesta sus nuevos integrantes, emanados de una elección cuestionable. La actual integración de la Corte cierra una etapa histórica que merece ser reconocida por sus valiosas contribuciones a la defensa del orden constitucional; pero, sobre todo, al ejercicio de nuestros derechos y libertades más esenciales.
Durante 30 años, la Suprema Corte demostró que el Poder Judicial puede y debe ser un auténtico contrapeso institucional: un árbitro independiente, garante del equilibrio entre poderes y protector de la Constitución. Su rol en la nueva etapa será distinto: en el mejor de los casos, sus definiciones estarán sujetas a criterios mediáticos e intereses políticos; en el peor, podrían estar sometidas a intereses privados, incluso criminales.
La Corte que se va deja más de un ejemplo de actuación imparcial. En prácticamente todas las administraciones federales del primer cuarto de siglo, el Tribunal Constitucional se pronunció en contra de leyes, reformas o políticas que consideró contrarias a la Norma Suprema, sin importar quién fuera presidente o qué partido tuviera la mayoría en el Congreso. Invalidó, por ejemplo, reiterados intentos de construir un padrón de usuarios de telefonía móvil; también revirtió normas de interés para comunidades indígenas cuando no se les consultó en su diseño.
Sin embargo, fue en la protección de nuestros derechos donde la Corte escribió algunas de sus páginas más memorables. En 2011, estableció que las y los jueces mexicanos deben ejercer el control de convencionalidad, es decir, considerar los tratados y jurisprudencias internacionales en sus resoluciones. Cuatro años más tarde, abrió la puerta al matrimonio igualitario en todo el país, al declarar inconstitucional cualquier norma que reprodujera una visión limitada del matrimonio como unión exclusiva entre un hombre y una mujer.
En 2021, consideró inconstitucional criminalizar la interrupción del embarazo de manera absoluta y reconoció que las mujeres tenemos derecho a decidir sin enfrentar consecuencias penales. Un antecedente que ha permitido despenalizar el aborto en más de 20 estados de la República. Ese mismo año, declaró la inconstitucionalidad de la prohibición del uso adulto del cannabis en la Ley General de Salud: una decisión que ratificó el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
En más de una ocasión, la Corte demostró su compromiso con la justicia al conceder la libertad a personas que estaban en prisión sin haber sido sentenciadas, o bien, por haber sido víctimas de graves violaciones procesales. En 2022, por ejemplo, ordenó la liberación inmediata de Héctor Muñoz, Juan Luis López y Gonzalo García, quienes habían sido sentenciados a 50 años de prisión en procesos viciados, sin pruebas suficientes.
Hace dos años, el Tribunal Constitucional invalidó el llamado “Plan B” de la reforma electoral por las notorias violaciones al procedimiento legislativo por parte de la mayoría oficial en el Congreso. Se confirmó que el proceso deliberativo para hacer las normas no es un simple formalismo, sino un componente esencial de cualquier régimen democrático.
En pocas palabras, la Suprema Corte de los últimos 30 años logró estar a la altura de su responsabilidad histórica. Ministras y ministros cumplieron con su deber de defender la ley frente al poder político y los derechos frente a la arbitrariedad. Quienes han integrado el máximo tribunal desde 1995 no fueron electos en las urnas, pero lograron construir un legado de independencia judicial, protección de libertades y fortalecimiento del Estado de derecho. Merecen nuestro reconocimiento.
En el fin de esta era, es justo rendir un homenaje a esa Corte que –con sus aciertos y limitaciones– logró hablar a través de sus sentencias para beneficiar a millones de mexicanas y mexicanos. Y reconocer a las y los integrantes del Poder Judicial en todos sus niveles: ministros, magistrados, jueces, secretarios, actuarios, oficiales judiciales y colaboradores de juzgados y tribunales. Estoy segura de que su legado trascenderá mucho más allá del cambio institucional al que ahora nos enfrentamos. Gracias por tres décadas de justicia.
Diputada federal
