La primera elección de jueces, magistrados y ministros en México –que se celebrará en menos de tres meses– se perfila como un desastre institucional de proporciones históricas. Desde la asfixia presupuestal hasta la inequidad de la geografía electoral, los comicios estarán marcados por una serie de insuficiencias, debilidades y riesgos que comprometen la integridad de todo el proceso; pero, sobre todo, la legitimidad del renovado Poder Judicial.
El primer gran desafío es de carácter logístico. La ciudadanía se enfrentará a una confusión sin precedente: hasta doce boletas en algunas entidades, con mínimo seis de la elección federal más las correspondientes a los cargos locales. En Veracruz, donde también se renuevan los ayuntamientos, los electores recibirán 13 papeletas. Las autoridades electorales han estimado que cada elector necesitará al menos 20 minutos para ejercer su voto, lo cual, anticipa largas filas y deserción en las casillas.
La falta de recursos es, quizá, la principal insuficiencia de este proceso. El INE, por ejemplo, recibió apenas la mitad del presupuesto que estimó necesario para llevar a cabo la elección federal. La situación es más grave en los organismos locales: de los 19 estados que renovarán su Poder Judicial, doce institutos han reportado no contar con presupuesto asignado; mientras que sólo dos recibieron 100% de los recursos que solicitaron.
Entre los problemas de fondo, destaca la ausencia de mecanismos para garantizar la certeza durante la jornada. Como apunta Ciro Murayama (Elección judicial: sin cadena de confianza), se han dinamitado los eslabones de la “cadena de confianza”: no habrá representantes de las candidaturas en las casillas; se alteró el procedimiento de emisión del voto; todas las boletas se depositarán en una sola urna; no habrá escrutinio y cómputo en las casillas; tampoco funcionarán sistemas como el conteo rápido o el PREP. La ejemplar transparencia electoral mexicana será desafiada por una opacidad sin precedente en nuestra historia democrática.
En los hechos, la ausencia de una cartografía electoral para los cargos judiciales se traduce en una serie de inequidades. Diego Forcada y Mercedes Kuri han mostrado (Mapeando la justicia: el poder de la geografía electoral en la elección judicial) que más de la mitad de los cargos judiciales se concentran en sólo ocho entidades. El peso del voto no será proporcional al número de electores. El Estado de México –con 13.1 millones de votantes– tiene sólo tres distritos y 54 cargos judiciales; mientras que Ciudad de México –con 7.9 millones de electores– tiene 11 distritos y 168 cargos. En la capital, cada distrito representa a 705 mil electores; en el Estado de México son 4.4 millones, casi seis veces más.
En medio de la complejidad electoral, el caso de Durango es emblemático: los tres poderes postularon exactamente a los mismos 49 candidatos, coincidentes además con el número de cargos en disputa. No habrá ninguna elección, sino una simple ratificación ciudadana de los titulares designados.
Hasta el momento, lo más grave es la preocupante debilidad de los procesos de evaluación y selección de aspirantes. La organización civil Defensorxs ha documentado casos de candidatos a cargos judiciales que enfrentan denuncias por violencia de género, incluso algunos presuntamente vinculados con actividades ilícitas como portación de armas. Cada uno de ellos ilustra, en el mejor de los casos, las insuficiencias del sistema de evaluación de los perfiles postulados.
Todos estos problemas fueron anticipados durante el proceso de discusión de la reforma judicial. Especialistas, juristas, juzgadores y legisladores advertimos reiteradamente sobre cada uno de estos riesgos, pero el oficialismo –empeñado en controlar a los poderes judiciales del país– desestimó, ignoró y minimizó cada advertencia, opinión o propuesta que cuestionara la voluntad presidencial.
Cuando la elección judicial finalmente revele su fracaso, ese oficialismo pretenderá justificarse haciendo de las autoridades electorales su chivo expiatorio. El INE y los organismos locales se convertirán en el blanco perfecto cuando llegue el momento de señalar culpables. Entonces, la batalla será por preservar esas instituciones que hoy trabajan en condiciones inéditas –bajo presiones de todo tipo y sin recursos suficientes– para implementar una reforma mal diseñada de origen.
México padece las primeras consecuencias de politizar el último poder independiente. El desmantelamiento definitivo del sistema de contrapesos que durante décadas le dio viabilidad a nuestra democracia es cuestión de tiempo. Defender los espacios que sostienen lo que queda del Estado democrático de derecho será una responsabilidad histórica.
Diputada federal
