En el calendario del periodo ordinario de la Cámara de Diputados restan sólo dos semanas y cinco sesiones. Sin embargo, siguen pendientes de discusión al menos tres asuntos de gran relevancia: las iniciativas en materia de seguridad e inteligencia enviadas por la presidenta Sheinbaum, las reformas legales para atender la crisis de personas desaparecidas, así como la nueva regulación en materia de competencia económica y telecomunicaciones.
Las propuestas presidenciales sobre seguridad, aunque necesarias para fortalecer las capacidades institucionales de las autoridades civiles, mantienen riesgos significativos para los derechos fundamentales: desde un registro de usuarios de telefonía móvil hasta el acceso discrecional a bases de datos públicas y privadas. En materia de personas desaparecidas, la iniciativa original –que no se ha retirado formalmente– pretendía avalar el acceso irrestricto de autoridades a información sensible de las personas, sin controles judiciales de por medio.
El anuncio de un posible periodo de sesiones extraordinarias para aprobar estas piezas legislativas no hace más que confirmar la dinámica que se ha impuesto en el Congreso mexicano, un órgano que ha perdido su vocación deliberativa para convertirse en simple instrumento de validación de las iniciativas presidenciales. El parlamento, que por definición debería ser el espacio para el debate plural y la construcción de acuerdos, se ha convertido en una dependencia más del Ejecutivo.
El incumplimiento sistemático –o la distorsión– de las funciones y responsabilidades constitucionales se refleja en distintos frentes. La discusión de la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas fue suspendida en el Senado con el propósito de reconstruirla a partir del diálogo con los colectivos de búsqueda y familiares de víctimas, bajo la conducción de la Secretaría de Gobernación. ¿No sería el Congreso el espacio natural e idóneo para coordinar este diálogo?
Por su parte, la iniciativa de ley reglamentaria en materia de competencia económica y telecomunicaciones fue recientemente eliminada –de un momento a otro y sin explicaciones– del sistema de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, donde había sido publicada apenas un par de días antes por la Consejería Jurídica del Ejecutivo. Una acción que evidencia el manejo errático de asuntos esenciales para el desarrollo económico nacional.
Mientras tanto, las iniciativas presentadas por las y los legisladores –incluso los del bloque mayoritario– se acumulan en las comisiones de ambas cámaras, donde esperan ser desechadas automáticamente al no ser dictaminadas en los plazos reglamentarios. Ese destino refleja la realidad de un Congreso cuya agenda se define exclusivamente en Palacio Nacional. La comisión de puntos constitucionales de la Cámara de Diputados, por ejemplo, ha recibido 114 iniciativas; pero sólo ha aprobado cuatro dictámenes en seis meses, prácticamente todos derivados de propuestas presidenciales.
No menos grave resulta la negativa de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado para emitir la declaratoria de reforma constitucional para aumentar los salarios de profesores, personal de salud y elementos de seguridad, a pesar de haber sido aprobada por mayoría calificada en ambas cámaras, con el voto favorable de 31 congresos estatales. Esta obstrucción selectiva muestra la subordinación del Congreso a las prioridades presupuestales del Ejecutivo.
En ese contexto, más que periodos extraordinarios, necesitamos un Poder Legislativo comprometido con el diálogo plural, la deliberación auténtica y la autonomía frente al Ejecutivo. Es indispensable recuperar nuestra función constitucional como contrapeso al poder presidencial, pero también como la principal caja de resonancia de las prioridades nacionales. El riesgo de perpetuar la dinámica actual es acabar con la esencia misma de la República.
Diputada federal