Durante la madrugada de este miércoles, la mayoría oficial en la Cámara de Diputados aprobó la reforma legal que pretende convertir el principal instrumento de defensa de nuestros derechos en un trámite burocrático. Las nuevas disposiciones de la Ley de Amparo no están diseñadas para proteger nuestros derechos, sino para subordinarlos al poder.
Tal parece que al gobierno no le basta con tener un Poder Judicial sometido y politizado, quiere que ese Poder Judicial tenga todas las herramientas disponibles para desechar demandas sin análisis; para negar suspensiones sin valorar sus méritos; para que cada vez menos personas quieran litigar y prefieran buscar acuerdos directos con las autoridades.
No es necesario ser especialista para entender que las suspensiones son la esencia del amparo. Sin ellas, las sentencias llegarían demasiado tarde, cuando las afectaciones a los derechos ya se consumaron. Pues bien, el corazón de la reforma aprobada es, precisamente, debilitar el régimen de suspensiones, así como ampliar los escenarios en los cuales no pueden concederse. Se trata, quizá, del golpe más duro al juicio de amparo en décadas.
Además, la reforma limita la discrecionalidad de los jueces para valorar el caso concreto. Su aprobación envía un mensaje de desconfianza en el criterio de las personas juzgadoras: impone definiciones más rígidas –como la nueva definición del interés legítimo, que limita sus alcances– y cierra espacios para el análisis de fondo, caso por caso. Se limitan sus atribuciones como intérpretes de las normas.
Entre las nuevas disposiciones, destaca una particularmente perversa: el artículo transitorio con el cual –pasadas las tres de la mañana– el oficialismo aprobó que las nuevas restricciones sean aplicables a juicios que ya están en curso: una clara violación a la Constitución. En el Senado, la retroactividad también había sido aprobada de último minuto. El viernes pasado, el presidente de la Comisión de Justicia en San Lázaro aseguró que sería eliminada. Y en principio así fue, el dictamen presentado al medio día no contemplaba esa disposición retroactiva.
Sin embargo, una simulación jurídica permitió al bloque mayoritario disfrazar la retroactividad en una redacción compleja que –en pocas palabras– afirma que la Ley de Amparo es una norma procesal; y, por tanto, las modificaciones serán aplicables en las siguientes etapas procesales de los juicios, sin importar que esos juicios hayan iniciado con las reglas hoy vigentes.
Nada más falso. La ley reformada no sólo regula el procedimiento del juicio de amparo, también establece definiciones y criterios sustantivos. Cuando un juez analiza si concede o no una suspensión, hace una valoración sustantiva. La reforma no sólo cambia procedimientos, cancela derechos. Pretender que es meramente procesal es un engaño.
Sus defensores argumentan que quienes tienen más recursos económicos son quienes más han abusado del amparo. Probablemente tengan razón. Por desgracia, esta reforma sólo empeorará ese problema. Quienes tienen recursos económicos podrán encontrar recursos legales. Son quienes no pueden contratar grandes despachos ni sostener litigios durante años quienes quedan indefensos.
No obstante, lo más grave es que no se trata de una propuesta aislada, sino que es parte del desmantelamiento sistemático del régimen de protección de nuestros derechos y libertades. Primero aprobaron la reforma judicial, que destruyó la autonomía de juzgados y tribunales. Después prohibieron impugnar reformas constitucionales. Luego, eliminaron las suspensiones con efectos generales. Y ahora buscan acotar aún más nuestro principal medio de defensa frente a la arbitrariedad.
Es un capítulo más en la historia del abandono del paradigma de los DD. HH. que México adoptó en 2011. Las consecuencias internacionales son cuestión de tiempo: organismos internacionales, socios comerciales y potenciales inversionistas observan con preocupación cómo nuestro país desmantela prácticamente todos sus contrapesos institucionales al poder político.
El amparo es el último refugio frente al abuso del poder público. Si nos quitan ese derecho, todos los demás están en riesgo.
Diputada federal
