La seguridad vuelve a estar en el centro de la agenda pública. Este miércoles, la administración Trump cumplió su amenaza de designar a seis organizaciones criminales de nuestro país como Foreign Terrorist Organizations. Horas antes, el gobierno mexicano anunció el decomiso de droga más grande de la actual administración. En un operativo en Sinaloa se incautaron 269 kilogramos de metanfetaminas y 4,700 litros de precursores químicos.
Desde que Trump regresó al poder, la estrategia de seguridad en México está, en buena medida, determinada por las tensiones en la relación bilateral. Cada golpe al crimen organizado se amplifica con una campaña de comunicación que tiene a Washington como principal destinatario. Con todo, los resultados merecen ser reconocidos: desde el inicio del actual gobierno se han decomisado más de 90 toneladas de drogas y casi 5,000 armas; también se han realizado más de 10 mil detenciones.
La respuesta gubernamental no se ha limitado a los operativos en el territorio. Hace unos días, la presidenta Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados dos iniciativas que buscan fortalecer el marco institucional en materia de seguridad. La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia propone crear una plataforma tecnológica para mejorar la coordinación entre órdenes de gobierno, mientras que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública fortalece las atribuciones del Secretariado Ejecutivo para centralizar el control estratégico en la autoridad civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
En conjunto, las dos iniciativas representan un avance significativo en la modernización de las normas e instituciones sobre seguridad en nuestro país. La integración de bases de datos y el fortalecimiento de las capacidades de investigación son elementos indispensables para actualizar la política de seguridad. La propuesta presidencial, en el fondo, es positiva.
No obstante, las iniciativas no están exentas de riesgos para los derechos fundamentales. Se propone, por ejemplo, un registro de usuarios de telefonía móvil similar al padrón que la Suprema Corte invalidó en 2022 por ser inconstitucional. Se pretende también otorgar discrecionalidad para que el gobierno tenga acceso a prácticamente cualquier base de datos pública o privada, poniendo en riesgo la protección de nuestros datos personales.
Las preocupaciones no son menores, ni gratuitas. Sin el INAI, sin suspensiones con efectos generales en el juicio de amparo, y con el Tribunal Constitucional en la antesala de la primera elección judicial, las herramientas para defender nuestros derechos son cada vez menos y están cada vez más acotadas.
En suma, no se ofrecen garantías presupuestales para hacer realidad los nuevos sistemas, lo cual, pone en duda su viabilidad operativa. Experiencias como la Plataforma México –que en su momento fue la más avanzada de América Latina– han mostrado que, sin los recursos suficientes, incluso el mejor diseño legal e institucional puede resultar insuficiente o volverse obsoleto.
Sin embargo, es momento de reconocer que la seguridad en México requiere una visión más amplia, con acciones mucho más profundas. Ni los golpes más contundentes al crimen organizado ni las reformas legales más innovadoras serán suficientes por sí mismas. La crisis exige una respuesta de Estado, por encima de la actual estrategia esencialmente reactiva.
Frente al desafío que representan las organizaciones criminales para la seguridad y la gobernabilidad de nuestro país, es cada vez más urgente e indispensable la convocatoria a un Acuerdo Nacional por la Seguridad que incorpore a los tres órdenes de gobierno, a fiscalías, policías, legisladores, especialistas y sociedad civil organizada.
Una estrategia de largo aliento exige un compromiso nacional capaz de trascender diferencias partidistas y ciclos electorales. Sólo a través de un diálogo verdaderamente nacional será posible robustecer las capacidades estatales de seguridad y fortalecer la posición soberana de México hacia EU. Es la única vía para consolidar una política de Estado que nos permita trascender la crisis que enfrentamos.
Diputada federal
