Una de las grandes conquistas de las sociedades de nuestro tiempo consiste en haber asentado el dogma de que los derechos humanos no se encuentran sometidos a la voluntad de las oscilantes mayorías parlamentarias, sino que son estas las que se deben plegar, sin excusas ni pretextos, a lo que dichas libertades nos confieren, favoreciendo el acceso a su más pleno ejercicio cotidiano.
Precisamente por ello, preocupan enormemente las recientes decisiones de los congresos de la Ciudad de México y de Hidalgo en torno a los derechos de la comunidad migrante y de las mujeres, respectivamente, no solo porque demuestran las contradicciones existentes entre el discurso político y las decisiones públicas, sino porque las mismas colisionan frontalmente con el conjunto de derechos que nos hemos comprometido a salvaguardar como nación.
No es menor el hecho, por ejemplo, de que hace algunos días el presidente de la República haya enaltecido desde su conferencia mañanera el gran aporte de nuestros migrantes a la economía nacional, enfatizando en que el envío de remesas representa el 2.8% del PIB anual, en un volumen de recursos que en el año que está concluyendo asciende a 35 mil millones de dólares, y que dicha declaración haya coincidido con el momento mismo en que el Congreso de la Ciudad de México se encontraba derogando la figura de la diputación migrante de la legislación electoral.
Tampoco lo es que en el contexto en que las mujeres se vieron obligadas a salir a la calle a exigir que las autoridades cumplan con su obligación de protegerlas en su vida, su seguridad e integridad, sensibilizando a nuestros gobernantes e impulsándolos a reaccionar más rápidamente, legislativos como el Hidalguense se hayan dado a la tarea de votar contra la despenalización del aborto, en la lógica de lo que ya ha ocurrido también en otros estados del país.
La incongruencia entre el discurso político y la política legislativa no dejaría de ser parte de una historia a la que estamos lamentablemente acostumbrados desde antaño, si no fuera porque las mismas se confrontan con los derechos y las libertades que el estado mexicano se ha obligado a respetar con independencia del signo político de sus gobiernos estatales.
No se necesita ser muy perspicaz para saber que el desconocimiento de la diputación migrante es abiertamente inconstitucional e inconvencional porque desconoce el derecho de las y los capitalinos que residen fuera del país a participar políticamente en los asuntos de la Ciudad de México a través de la representación popular, vulnerando el derecho a votar y a postularse por un cargo que pueda dar voz a sus necesidades e intereses en el seno del Congreso de la Ciudad, tal y como se reconoce en el artículo 7 de la Constitución CDMX.
De igual manera, el mantenimiento de la penalización del aborto colisiona con el derecho a la autodeterminación de las mujeres para decidir de manera libre, voluntaria e informada si desean tener hijos, así como el momento en el que eligen tenerlos, afectando la estructura familiar que han decidido conformar, condicionando al mismo tiempo el desarrollo de las mujeres dentro de sociedades que se empeñan en continuar criminalizándolas.
Por si fuera poco, ambas decisiones vulneran también el principio de progresividad de los derechos que impone el no dar marcha atrás en su reconocimiento y protección, y que obliga, por el contrario, a un ejercicio permanente en favor de la ampliación de sus beneficios y la remoción de los obstáculos que continúan impidiendo el adecuado acceso a ellos.
En este contexto, no podemos permanecer inmóviles y dejar de alzar la voz para alertar de los riesgos de que el regateo político se instale en el espacio de nuestros derechos, impulsándonos a exigir, por el contrario, que entre la ideología liberal a favor de los mismos, el discurso político que los refiere y enarbola, las decisiones legislativas y las políticas públicas que los materializan, y la narrativa constitucional que los reconoce y los orienta en el sentido correcto, exista congruencia, no contradicción y mucho menos ambigüedades. Ni más, ni menos.
Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM. @CesarAstudilloR
