En tanto el Congreso revisa el paquete económico 2026, sobre el tema vale la pena hacer recuento de lo ocurrido este año en el Poder Judicial.
El 28 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Manual que regula las remuneraciones de las personas servidoras públicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el ejercicio fiscal 2025, el documento cumple el artículo séptimo transitorio de la reforma judicial del año pasado, que ordenó que ningún integrante del Poder Judicial —Federal, Estatal o de la Ciudad de México— perciba más que el Presidente de la República.
Así quedaron los topes salariales para 2025, de algunos servidores públicos:
• Ministra o ministro: $137,131.00 mensuales. Aguinaldo y prima vacacional: hasta $287,591.00
• Secretaría(o) General de Acuerdos, de la Presidencia, Coordinación General de Asesores, Oficialía Mayor y Contraloría: $122,669.00 Aguinaldo y prima vacacional: hasta $252,157.00
• Secretaría(o) de Estudio y Cuenta, Coordinación de Ponencia: $120,913.00 Aguinaldo y prima vacacional: hasta $250,509.00
• Secretaría(o) de Acuerdos de Sala: $120,115.00 Aguinaldo y prima vacacional: hasta $249,408.00
• Secretaría(o) de Estudio y Cuenta (de Ponencia): entre $115,638.00 y $119,338.00 Aguinaldo y prima vacacional: entre $238,559.00 y $247,579.00
El recorte no es menor de acuerdo con fuentes internas, los ingresos brutos de la cúpula de la Corte descendieron en 33.7%, es decir, unos $69,817.00 por persona frente al tabulador de 2024.
La reducción dio pie a nuevos ajustes. El pleno del Órgano de Administración Judicial recién aprobó el tabulador general de sueldos para el tribunal de disciplina judicial y ordenó actualizar nuevamente los tabuladores de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral, para el periodo septiembre-diciembre. El comunicado oficial detalla que la baja en los sueldos netos de ministras y ministros, magistradas(os) de Sala Superior y del Tribunal de Disciplina Judicial; integrantes del Pleno del Órgano de Administración Judicial; magistradas(os) de circuito y de Sala Regional, así como juezas y jueces de distrito, conservarán la cobertura del ISSSTE.
El argumento es sencillo: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, frase de Benito Juárez que la presidenta Claudia Sheinbaum ha retomado como emblema de su política de austeridad. La discusión, sin embargo no termina en la nómina, especialistas advierten que, el reto será mantener la independencia judicial y la velocidad de la resolución, pese al ahorro presupuestal. Por su parte, organizaciones civiles celebran la medida como un avance ético necesario.
En los próximos días la Cámara de Diputados votará el presupuesto 2026, se establecerán nuevos tabuladores para ese año. La Suprema Corte hará los ajustes correspondientes para demostrar que hacer más con menos no es solo una consigna política, sino mandato constitucional y un compromiso frente a la ciudadanía que exige justicia sin privilegios. La lupa social seguirá puesta sobre cada recibo de nómina: la legitimidad institucional se medirá también en pesos y centavos.
Es tiempo de mujeres
