En mayo de 2023, Scooby, un perro mestizo, fue arrojado a un cazo de aceite hirviendo en una carnicería de Tecámac, Estado de México. Las quemaduras marcaron su cuerpo, pero la herida más profunda quedó grabada en la conciencia colectiva: la violencia contra los animales persiste en una sociedad que se autodefine como civilizada.
Historias como la de Scooby abundan. Cada día aparecen nuevos casos de crueldad que, entre la indiferencia social y la impunidad institucional, rara vez reciben el castigo previsto en la norma. Y, sin embargo, los avances jurídicos existen.
El próximo 2 de diciembre se cumplirá un año de la reforma a los artículos 3.º, 4.º y 73 de la Constitución, la cual impone al Estado el deber de proteger y garantizar el bienestar animal. La enmienda dispone: (1) incluir la educación sobre cuidado y respeto a los animales en los planes de estudio, (2) prohibir explícitamente el maltrato, y (3) expedir una nueva Ley de Bienestar Animal, todavía pendiente.
También en los 32 estados del país ya se castigan penal y administrativamente el maltrato grave y el hacinamiento; sin embargo, el desconocimiento ciudadano, la escasa denuncia y la delgada frontera entre falta administrativa y delito permiten que la mayoría de las agresiones queden impunes. El libro El derecho y la justicia de los animales en México subraya que hacer justicia exige reconocer a los animales como sujetos con derechos propios: no explotarlos, no sacarlos de su hábitat por lucro o placer y garantizarles asistencia y rehabilitación.
Otro concepto que cobra fuerza es el de Las familias multiespecie. Diversos tribunales, dentro y fuera de México, ya han aceptado que los animales de compañía integran una unidad familiar con las personas. Esa visión ha dado pie a custodias compartidas en divorcios, permisos para que el animal permanezca en el domicilio que fue el conyugal e incluso pensiones alimenticias específicas.
Pese a los avances, la respuesta de muchas autoridades aún es: “Solo es un animal, ¿para qué tanto alboroto?”. Persisten jueces renuentes, agentes apáticos y vacíos normativos. De ahí la urgencia de legislar con rigor, capacitar a ministerios públicos y jueces para perseguir y sancionar sin excusas y educar desde la infancia.
La necesidad es doble. Ética: una sociedad sensible no puede tolerar la crueldad contra seres sintientes. Preventiva: la criminología y la psicología documentan la “progresión de la violencia”; muchos agresores violentos empezaron torturando animales en su niñez. Erradicar estas conductas resulta indispensable para frenar la violencia entre los seres humanos.
Scooby se convirtió en símbolo y un llamado de alerta. Su dolor es irreparable, pero su historia puede acelerar leyes pendientes y transformar la cultura y educación hacia los animales. Solo así dejaremos de lamentar casos que, con la misma crudeza del aceite hirviendo, recuerdan lo lejos que estamos de ser una sociedad realmente evolucionada, empática y justa con todos los seres que habitan el planeta.
Es tiempo de mujeres.
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