Hace unos días, se publicó en El País información sobre el testimonio del segundo sobreviviente de la matanza cometida por el Ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en la que fueron asesinados cinco jóvenes que volvían a sus casas en la noche de una discoteca. La información oficial coincide con la de las dos víctimas sobrevivientes en el hecho de que los jóvenes venían desarmados y que los disparos vinieron solamente de los militares. Pero el testigo sobreviviente relata que, además de ser golpeado y amenazado, un soldado le disparó por la espalda mientras yacía en el piso. Información previa muestra que se trató una masacre. Uno de los chicos asesinados tenía 12 disparos en el cuerpo, otro 10. Uno más murió de un solo disparo, en la sien.
El evento sucedió el 26 de febrero, pero ha permanecido en medios de comunicación, en gran parte por la mala respuesta del gobierno federal en el manejo del caso. Luego del asesinato de los jóvenes hubo 48 horas de silencio de las autoridades federales. La CNDH fue la primera en pronunciarse con una petición a defensores de derechos humanos, activistas y medios de comunicación de guardar silencio sobre el caso hasta que no hubiera una versión oficial. Ese mismo día la Sedena emitió un escueto comunicado haciendo referencia a los hechos y solicitando una investigación por la fiscalía militar (no civil).
Al día siguiente, finalmente se tocó el tema en la mañanera. Pero en lugar de dar una explicación sobre los hechos, se acusó a Raymundo Ramos de supuestos nexos con el crimen organizado, usando un audio obtenido ilícitamente. Ramos es director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, una organización que ha denunciado varias ejecuciones extrajudiciales a manos del ejército y la primera en dar a conocer los testimonios de la víctima sobreviviente, familiares y vecinos testigos de los hechos. Desde hace tiempo, su hogar y oficinas son patrulladas y vigiladas cotidianamente por elementos de las Fuerzas Armadas y ha recibido varias amenazas por el trabajo que hace.
El martes pasado, Proceso, Aristegui Noticias, R3D y Animal Político publicaron evidencia de cómo el gobierno actual ha usado el Spyware Pegasus para espiar, entre otras personas, a Raymundo Ramos. La investigación da cuenta de documentos de Sedena en los que se reconoce el espionaje. El 10 de marzo, Nayeli Roldán, periodista de Animal Político preguntó al presidente si sabía y había autorizado el espionaje de un civil y de periodistas. La respuesta de López Obrador fue lamentable. Primero sostuvo que se trató de un acto de inteligencia, no de espionaje, sin ser capaz de distinguir uno de otro y a pesar de que la Sedena no tiene facultades legales para intervenir comunicaciones ni cuenta con una orden judicial para hacerlo. Luego se lanzó contra medios de comunicación y periodistas, acusándolos de conservadores y corruptos. No hubo una respuesta clara o veraz.
López Obrador prometió que no habría más espionaje o masacres. Quizás nunca fue su intención cumplir esas promesas o quizás en el transcurso de su Presidencia ha ido flaqueando en su determinación. Lo cierto es que los militares hoy espían a periodistas y a civiles y continúan cometiendo ejecuciones extrajudiciales impunemente. Hoy el presidente encubre estos delitos y parece dispuesto a agredir a periodistas y defensores para darles impunidad.
Profesora-investigadora del CIDE.
@cataperezcorrea