El pasado martes 25 de julio, el GIEI presentó su sexto y último informe sobre el caso Ayotzinapa y anunció su salida del país, tras 8 años de trabajo. En él se denuncia cómo las autoridades, específicamente las Fuerzas Armadas y el Cisen, obstaculizaron la investigación. Se señala también que el Ejército alegó no contar con personal suficiente para intervenir, cuando sí se contaba con ello. Se le acusa de presentar declaraciones falsas afirmando no conocer de los hechos mientras sucedían y de no estar presentes elementos en los lugares de los hechos, cuando las pruebas muestran que sabían lo que pasaba y estaban algunos de sus miembros presentes. “El 27 BI estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en tiempo real, tanto por información de los OBI como por el C-4 como por la escucha directa de detonaciones, y por tanto tenía competencia y obligación de investigar inmediatamente lo que sucedía.”
Parte de esta información fue ocultada durante 7 años. Ahora, de nueva cuenta, se niegan datos fundamentales para reconstruir los hechos, a pesar de que hay evidencia clara de que esta existe. El informe señala además colusión entre miembros del 27 Batallón de Infantería de Iguala, incluidos los mandos, con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Sobre la Marina, se señala que “llevó a cabo numerosas acciones que no han sido conocidas ni de las que se ha dado cuenta en la investigación”, incluida la detención y traslado de personas que no fueron puestas a disposición de manera inmediata; detenciones y tortura a varios detenidos; intervenciones ilegales y manipulación de las escenas de los hechos. El informe relata también la desaparición de testigos clave para el caso. El GIEI concluye que para conocer la verdad de los hechos “se necesita la colaboración de Semar y Sedena”, pero documenta con toda claridad sus resistencias.
Cuestionado el pasado jueves al respecto, López Obrador afirmó: “Ya no hay impunidad y se está actuando y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando […] si se ha avanzado es precisamente por la colaboración de Marina y Defensa y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad. Una cosa son las instituciones y otra son los funcionarios o servidores públicos. Y no por el hecho de un mal comportamiento de un funcionario se va a manchar una institución…”
Al día siguiente, López Obrador volvió a responder sobre el tema: “No es cierto. Es una campaña en contra del Ejército mexicano, sin fundamento. No tienen razón, es una campaña para socavar, para debilitar a las Fuerzas Armadas. Si fuese cierto lo que ellos sostienen, no estarían dos generales en la cárcel.”
La detención de personas, aunque sean muchas o de alto rango, sin revelar lo sucedido con los normalistas y el entramado completo de quienes participaron en su desaparición y posterior encubrimiento, no es justicia. Como señala el propio GIEI, las personas a que se refiere el Presidente fueron además acusadas por otros delitos, no por la desaparición de los normalistas.
El presidente evade y encubre. ¿Qué participación exactamente tuvieron los militares en los hechos de septiembre de 2014? ¿Por qué no permite el Estado mexicano que se conozcan esos hechos? ¿Qué verdad amerita el encubrimiento transexenal de estos crímenes?
Las investigaciones del caso apuntan, una y otra vez, a la participación de autoridades de todos los niveles del Estado mexicano, incluidos los militares como protagonistas. No se trata de unos cuantos individuos aislados, como han sostenido todos los gobiernos, incluido este, cuando sale a la luz evidencia que apunta a militares. Estamos ante prácticas institucionales sistemáticas de perpetuación y encubrimiento.
López Obrador tuvo la oportunidad de esclarecer estos crímenes, de cumplirle a los familiares de los normalistas y a la sociedad la promesa de verdad y justicia. Optó mejor por proteger el status quo, encubrir a los militares y redes criminales. Al hacerlo, nos negó no solo la justicia sino la posibilidad de desmontar los aparatos de corrupción e impunidad que tantas veces prometió combatir.
Profesora-investigadora del CIDE. @cataperezcorrea